Absoluciones de funcionarios en Techo Digno: la defensa apuntó contra el origen de la causa
Después de casi una década de investigación, audiencias, pericias y acusaciones, la causa conocida como Techo Digno en Sierra Grande sumó un nuevo capítulo que podría marcar un punto de inflexión definitivo: la Justicia absolvió por unanimidad a todos los imputados en el juicio desarrollado en Viedma.
La resolución benefició a los exintendentes de Sierra Grande, Renzo Tamburrini y Nelson Iribarren, además de exfuncionarios municipales que también estaban acusados por presuntas irregularidades en la ejecución de viviendas financiadas a través del programa nacional Techo Digno.
Sin embargo, más allá del fallo, el debate sigue abierto. Desde la defensa de Tamburrini aseguraron que la investigación se sostuvo durante años sobre documentación que carecía de validez técnica y administrativa, mientras que la Fiscalía todavía cuenta con la posibilidad de recurrir la sentencia.
Un expediente que nació tras las denuncias de 2016
La causa tuvo su origen en una serie de denuncias impulsadas luego del cambio de gobierno nacional en 2015, cuando se investigaron presuntas irregularidades en distintos programas habitacionales ejecutados en todo el país.
Según explicó el abogado Daniel Mayor, defensor de Renzo Tamburrini, a Radio Noticias las denuncias relacionadas con Techo Digno fueron analizadas en distintas jurisdicciones, aunque solamente en Río Negro avanzaron hasta llegar a juicio.
La investigación comenzó formalmente en 2016 y, de acuerdo con la postura de la defensa, una de las primeras pruebas incorporadas al expediente fue un relevamiento realizado por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) sobre el estado de las viviendas construidas en Sierra Grande.
La prueba que quedó en el centro de la discusión
Para la defensa, uno de los momentos más relevantes del juicio ocurrió cuando declaró el responsable de aquellos relevamientos. Mayor sostuvo que el propio funcionario explicó durante el debate oral que las planillas utilizadas en ese momento no formaban parte de expedientes oficiales y que no podían considerarse documentación definitiva.
A partir de esa declaración, la estrategia defensiva apuntó a cuestionar el origen de buena parte de las pericias posteriores, ya que los informes técnicos, financieros y constructivos se habrían basado en esos relevamientos iniciales.
"La investigación se estructuró sobre esa documentación y, diez años después, quien la elaboró dijo que no tenía validez como instrumento formal", sostuvo el abogado.
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que funcionarios municipales habían certificado avances de obra superiores a los realmente ejecutados, permitiendo pagos indebidos vinculados a la construcción de viviendas. La acusación señalaba que se había informado un avance cercano al 71%, mientras que distintas pericias posteriores determinaron porcentajes considerablemente menores.
Sin embargo, la defensa argumentó que el programa Techo Digno funcionaba bajo una modalidad de financiamiento denominada "ajuste alzado", donde los municipios recibían montos previamente establecidos para ejecutar las obras.
Según esa interpretación, el fuerte proceso inflacionario registrado durante aquellos años habría impactado directamente en la posibilidad de completar la totalidad de las viviendas proyectadas.
Un fallo unánime
El tribunal integrado por los jueces Guillermo Bustamante, Marcelo Chironi y Guillermo González Sacco resolvió absolver a todos los acusados.
Durante la lectura del veredicto, los magistrados señalaron que la acusación no logró acreditar los hechos imputados más allá de toda duda razonable.
Además, en algunos casos se dispuso la absolución por falta de acusación fiscal, luego de que el Ministerio Público retirara parte de los cargos durante la etapa final del juicio.
La resolución alcanzó a Renzo Tamburrini, Nelson Iribarren, Mauro Tamburrini, Ernesto Héctor Noel, Claudia Mariela Albariño y Miguel Ángel Mesa.
Pese al resultado del juicio, el expediente aún podría sumar nuevos capítulos. Mayor consideró que es probable que la Fiscalía pide la nulidad de la sentencia ante el Tribunal de Impugnación, una instancia que ya intervino en otros procesos relacionados con el programa Techo Digno en Río Negro.
No obstante, el abogado recordó que existen antecedentes de resoluciones favorables para otros exintendentes que también fueron investigados por hechos similares "Entendemos que van a recurrir la decisión, pero nosotros confiamos en que la absolución será confirmada", sostuvo.
La causa Techo Digno se convirtió en uno de los expedientes judiciales más extensos y resonantes vinculados a la gestión de fondos públicos destinados a viviendas sociales en Río Negro.
Diez años después de las primeras denuncias, el juicio concluyó con la absolución de todos los acusados. Ahora, la atención estará puesta en los fundamentos completos de la sentencia y en la decisión que adopte la Fiscalía respecto de una eventual apelación.