2026-06-12
Escándalo nacional: nuevas auditorías detectaron un millonario fraude en el PAMI
La obra social de los jubilados denunció penalmente a médicos de cabecera que cobraban por atender a personas fallecidas y por jornadas laborales imposibles.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) descubrió una red de fraude sistemático en las prestaciones de médicos de cabecera en varias provincias del país, incluyendo Buenos Aires, Santa Fe y Chaco. Las auditorías internas ordenadas por el titular del organismo, Esteban Leguízamo, revelaron facturas que superan la capacidad horaria física de atención y órdenes médicas emitidas a nombre de afiliados fallecidos. Como consecuencia, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) realizó denuncias penales.
El patrón delictivo consistía en registrar prestaciones que excedían con amplitud la cantidad máxima de consultas que un profesional puede realizar según las horas declaradas en el sistema. El caso más extremo involucra a un cardiólogo de la localidad santafesina de Acebal, cuyo domicilio y consultorios fueron allanados por la Policía Federal Argentina (PFA). El especialista simuló atender a más de 5.000 afiliados y realizar 50.000 estudios entre 2023 y 2025, generando una defraudación de 700 millones de pesos.
La investigación judicial contra este profesional, coordinada por la Unidad Fiscal Rosario, determinó que el médico registraba decenas de electrocardiogramas y consultas diarias a pacientes que vivían en otras provincias o que incluso ya habían muerto. La maniobra comenzó a desmoronarse cuando un grupo de jubilados detectó y desconoció en el sistema las prácticas que supuestamente se habían realizado. Tras confirmarse el engaño, el organismo le dio de baja el contrato prestacional de forma inmediata.
Las irregularidades horarias saltaron también en Córdoba, donde un prestador cargó órdenes médicas días después de haber fallecido, y en agencias de Lanús, San Justo y Quilmes, donde se suspendieron las liquidaciones por sospechas operativas. Estos expedientes forman parte de una fiscalización más amplia que ya provocó la baja de más de 1.500 prestadores en todo el territorio nacional por cobros indebidos, falsificación de datos y clínicas en malas condiciones de higiene.
Desde la obra social salieron a llevar tranquilidad a los beneficiarios tras la masiva baja de los profesionales que cometían los ilícitos. “Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto ante la consulta de los medios, al tiempo que garantizaron oficialmente que las medidas aplicadas “no interrumpirían los tratamientos de los afiliados”, ya que se trabaja para mantener la continuidad del servicio médico en todo el territorio nacional.
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