Causa Techo Digno: un fuerte testimonio sacudió la segunda jornada de juicio
Un ex trabajador municipal aseguró en pleno debate oral que se aprobaron avances de obra que no coincidían con lo construido. Fotografías, planillas y certificados quedaron bajo la lupa, en la segunda jornada por la Causa Techo Digno en Sierra Grande.
El caso por el plan habitacional volvió a sumar este martes declaraciones que podrían marcar un punto de inflexión en el juicio oral que se desarrolla en Viedma. En la audiencia, un ex empleado del área de Planificación de Sierra Grande aseguró que se certificaban trabajos que directamente “no estaban hechos”, mientras que otra testigo reveló que las obras tenían un 71% de pago pese a presentar un avance mucho menor.
El debate se desarrolla en la Sala 1 del Auditorio y tiene en el banquillo a ex dirigentes acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre ellos a los ex intendentes Renzo Tamburrini y Nelson Iribarren, uno del cuadro político peronista y otro con el espacio del macrismo, en torno a la construcción de 40 viviendas del programa nacional.
Uno de los testimonios más contundentes fue el de Franco Bova, maestro mayor de obras que trabajó entre 2015 y 2017 en el municipio serrano. Frente al tribunal con los jueces Marcelo Chironi, Guillermo González Sacco y Guillermo, los fiscales Pedro Peralta y Yanina Estela Pasarelli y defensores, relató cómo se confeccionaban los certificados de avance de obra y apuntó directamente contra las diferencias entre lo que se informaba y lo que realmente existía en el predio.
En este sentido, Bova señaló: “Me hacían certificar un millón y que lo sacara de algún ítem”, declaró. Luego agregó que se certificaban “pinturas de paredes que no estaban construidas” y revoques en sectores donde todavía no existían viviendas terminadas.
Según explicó, su función era recorrer el complejo habitacional y verificaba avances que luego se volcaban en planillas Excel. Sin embargo, aseguró que las obras no coincidían con las certificaciones enviadas.
También describió presuntas irregularidades técnicas. Indicó que las plateas de las viviendas tenían menor espesor del requerido: “Tenían que ser de 12 y eran de 8 milímetros”, afirmó, aclarando que esa apreciación surgía de las especificaciones técnicas habituales en construcción.
Las declaraciones generaron un fuerte contrapunto con la defensa, que intentó relativizar la experiencia previa del testigo y las condiciones del terreno donde se levantaban las viviendas.
Otros testigos de interés
Antes había declarado el oficial de policía Edgardo Marcos, quien realizó un relevamiento fotográfico del complejo en noviembre de 2016. El efectivo detalló que el predio estaba cercado y dividido en dos sectores: uno con mayor grado de avance y otro con estructuras incompletas.
Según su descripción, en una de las manzanas había viviendas con techo pero sin terminaciones, mientras que en otras apenas existían bases de material.
La audiencia también sumó el testimonio de Verónica Mariela Díaz, ex presidenta del Tribunal de Contralor de Sierra Grande, quien aseguró que el organismo decidió revisar la obra tras advertir inconsistencias en los pagos realizados. “Había un 71 por ciento de pagos de las obras y había que ver si se había construido”, sostuvo.
Díaz relató que junto a ingenieros y los demás funcionarios del organismo de contralor realizaron inspecciones en el lugar y detectaron viviendas sin revoques, sin aberturas y otras apenas iniciadas. Incluso afirmó que los profesionales convocados les señalaron que “había más plata pagada que lo que había en los hechos”. Esa situación derivó en una presentación judicial que terminó alimentando la investigación que hoy llegó a juicio oral.
El proceso continuará con nuevas testimoniales y la expectativa crece alrededor de una causa que puso en controversia el manejo de fondos públicos destinados a viviendas sociales en Sierra Grande.
El caso
La parte acusadora leyó, en el transcurso de la primera audiencia, la investigación preliminar señalando en un primer término a Renzo Tamburrini (intendente), Mauro Tamburrini (secretario de Gobierno y Hacienda) y Ernesto Héctor Noel (secretario de Obras y Servicios Públicos). Su gestión fue hasta el 9 de diciembre de 2015.
Las irregularidades detectadas en el convenio de 40 Viviendas son las siguientes: se ordenó el pago de $12.861.207,89, certificando falsamente un avance de obra del 71,03%. Auditorías técnicas posteriores determinaron que el avance real era solo del 42,21%. Esto generó un pago en exceso del 28,83%, provocando un perjuicio económico al erario público de entre $2,2 millones y $4,8 millones (según se contemplen o no redeterminaciones de precios).
Además, por un convenio de Infraestructura y Nexos, se recibió el 100% de los fondos nacionales ($1.440.000) y se pagaron $1.058.400 a la empresa, certificando un avance del 73,50%. Las pericias determinaron que el avance real era del 0%, generando un perjuicio de hasta $1.058.400.
La segunda gestión revisada por la justicia es la que corresponde, a partir del 10 de diciembre de 2015, a Nelson Rubén Iribarren (intendente), Claudia albariño (secretaria de Gobierno) y Miguel Ángel Mesa (secretario de Gobierno, Obras y Servicios Públicos), según los fiscales que hicieron uso de la palabra.
Las presuntas irregularidades detectadas son las siguientes: el municipio recibió el saldo restante de los fondos nacionales. Bajo esta gestión, se ordenó el pago de $5.234.331,54 a la misma constructora tras certificarse de forma presuntamente falsa un avance del 100% de la obra por parte de Miguel Ángel Mesa.
Los informes técnicos determinaron que en la obra de infraestructura solo se había realizado un zanjeo en 14 viviendas para redes de cloaca y agua, sin registrarse los movimientos de suelo previstos en el plan de acción.
Los acusados principales y sus entonces funcionarios acudieron acompañados de sus abogados defensores, Juan Carlos Chirinos, Angel Curzi, Mariano Gestoso, Santiago Güenumil y Pedro Vega (en carácter de defensor oficial).