2026-05-13

Muerte de un oficial de la Policía de Río Negro: hubo novedades en el proceso judicial

Se trata del caso del Gabriel Mandagaray, quien se ahogó durante un curso de instrucción del COER en 2021. El expediente dio varias vueltas por distintas instancias tribunalicias de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Viedma. Qué pasó.

El 31 de marzo pasado finalmente se cerró un capítulo lleno de obstáculos en el plano judicial. Tras la revisión de tres tribunales de impugnación, se confirmaron las condenas contra los instructores responsables de la muerte de Gabriel Mandagaray, en pleno curso del Cuerpo de Operaciones Especiales y de Rescate (COER), el 15 de abril de 2021, en Bahía Creek.

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El tercer Tribunal de Impugnación, compuesto por los magistrados Romina Martini, Alejandra Berenguer y Sandro Gastón Martín, rechazaron los recursos de las defensas y ratificaron la responsabilidad penal de Alejandro Gattoni, Alfredo Nahuelcheo y Maximiliano Vitali Méndez por los delitos de abuso de autoridad y homicidio culposo. Asimismo, se confirmó la condena a Marcelo Ariel Contreras a tres años de prisión condicional e inhabilitación por el doble de la pena para ejercer cargos públicos.

Pero ahora hubo novedades en el proceso judicial. Los defensores recurrieron a una apelación para ir nuevamente al Superior Tribunal de Justicia (STJ). El Tribunal de Impugnación declaró inadmisible este planteo y ahora se deberá recurrir al máximo órgano judicial con un recurso de queja.

Los cuatro instructores responsables del curso COER. De izquierda a derecha: Alejandro Gattoni, Alfredo Nahuelcheo, Marcelo Contreras y Maximiliano Vitali Méndez.

 

La resolución ya fue emitida y marca un nuevo giro dentro del sistema de apelaciones penales de la provincia. En Río Negro, las impugnaciones no llegan directamente al Superior Tribunal de Justicia (STJ), sino que primero deben pasar por el Tribunal de Impugnación, que analiza si el planteo cumple o no con los requisitos de admisibilidad.

En este caso puntual, el Tribunal consideró que el recurso no era admisible, lo que obliga a la parte interesada a acudir al STJ mediante una “queja”, una herramienta procesal utilizada justamente cuando una apelación es rechazada en instancias previas.

La decisión del Tribunal de Impugnación no implica un cierre definitivo del expediente, aunque sí representa un obstáculo procesal importante para quien impulsaba la revisión. Ahora será el Superior Tribunal de Justicia el que deberá definir si acepta o no tratar la queja presentada.

Los padres de Mandagaray, Jesús Antonio y Adriana Fabi, miembros de la Policía de Río Negro, estuvieron presentes en cada una de las instancias del largo proceso judicial.

 

La condena original fue dictada por un tribunal oral de Viedma, integrado por Carlos Reussi, Ignacio Gandolfi y Marcelo Álvarez, y recayó sobre Alejandro Gattoni, quien recibió 4 años y 10 meses de prisión; Alfredo Nahuelcheo, 4 años y seis meses; y Maximiliano Vitali, 4 años y tres meses y la prohibición de ejercer nuevamente un cargo en la policía. En el caso de Marcelo Ariel Contreras, recibió una pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación para ejercer funciones policiales, por estar más lejos de la línea de la tragedia y por tener menos jerarquía que el resto a la hora de pedir órdenes a los subalternos.

El hecho

Reconstrucción de los hechos en Bahía Creek, un año después de la tragedia. 

 

Todo comenzó el 12 de abril de 2021, a 40 kilómetros de Bahía Creek, donde los instructores y el coordinador Alejandro Gattoni hicieron ingresar a los cursantes en un estanque de agua para luego iniciar la caminata hasta la playa en la que acamparon hasta el día siguiente.

En ese marco, los cadetes padecieron "excesivo desgaste físico y psicológico que les generó heridas en los pies, las manos y complicaciones psicológicas".

También fueron obligados a soportar prácticas humillantes como "orinarlos, colocarse máscaras de excremento de animal sobre sus rostros y hacerlos ingresar al mar a altas horas de la madrugada sin ninguna medida de seguridad".

En este contexto, el 15 de abril, en el marco del entrenamiento, Mandagaray fue obligado a ingresar al mar junto a dos compañeros con el uniforme policial completo, incluido los borceguíes y todas las armas reglamentarias.

Previamente, Mandagaray había manifestado que "no sabía nadar", lo que no fue tenido en cuenta, dado que el oficial y sus dos compañeros fueron instados a ingresar al agua cargando entre los tres un tronco de unos dos metros de largo.

Las autoridades informaron que el joven falleció en el agua, por asfixia por sumersión. Pero, según indicaron las pericias forenses, antes de ahogarse sufrió hemorragias por un fuerte golpe en la cabeza, a la vez de estar expuesto a un fuerte estrés subproducto de diferentes situaciones sufridas en el conjunto del entrenamiento.

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