JUSTICIA
Nueva disputa judicial: en Santa Cruz frenaron la reforma de la ley de Glaciares
En un inesperado giro en la política ambiental de Argentina, la Justicia Federal de Río Gallegos ha emitido un fallo contundente que suspende la aplicación de la reforma de la Ley 26.639 en la provincia de Santa Cruz. Esta decisión, promulgada por el juez federal Claudio Marcelo Vázquez, ha frenado cualquier intento de habilitar actividades en zonas glaciares y periglaciares en cumplimiento con una medida cautelar ambiental. El veredicto se produce poco después de que la ley modificada entrara en vigencia, marcando el inicio de una potencial disputa judicial en diferentes niveles jurisdiccionales.
La sentencia fue el resultado de una acción de amparo ambiental presentada por varias autoridades y representantes de El Calafate, líderes que expresaron serias preocupaciones sobre el daño ambiental irreversible que podrían ocasionar las actividades industriales autorizadas bajo la nueva regulación. Al respecto, el juez Vázquez apeló al principio de prevención en derecho ambiental, argumentando que el "peligro en la demora" justifica la intervención judicial temprana para evitar impactos irreparables en el delicado ecosistema glaciar.
En un detallado escrito, Vázquez insistió en la sensibilidad de la región y la importancia de preservar las reservas de agua dulce contenidas en los glaciares y el ambiente periglacial como esenciales para el equilibrio ecológico y el desarrollo rural sostenible. Su fallo también se ancla en los principios de no regresión ambiental y precautorio, líneas de pensamiento que promueven una fuerte protección legal a las áreas de alto valor natural y prohiben regresar a estándares menos protectores.
El juez Vázquez tiene un historial notable en asuntos medioambientales, habiendo intervenido en decisiones difíciles sobre casos de contaminación y narcotráfico, lo que le ha dado una fisonomía pública como un defensor judicial del medio ambiente en la Patagonia.
Esta decisión tiene efecto de inmediato en Santa Cruz, sin embargo, su repercusión promete ser nacional. Los ecos de esta medida probablemente reverberen en otras provincias, lo cual podría motivar a una serie de litigios y decisiones similares en defensa de políticas activas para la salvaguarda de recursos naturales. Además, reaviva la discusión en territorio argentino acerca de cuán lejos se está dispuesto a llegar en la política de conservación de los glaciares frente al desarrollo económico.