El Gobierno apelará el fallo que obliga a continuar con el programa Volver al Trabajo
El Gobierno nacional está atrapado en una nueva controversia judicial tras la reciente decisión de un juez federal que le exige mantener el programa Volver al Trabajo. A pesar de esta decisión judicial, el Ejecutivo avanzará con un recurso de apelación para revertir la medida cautelar que detuvo sus planes de reformulación. La continuidad del programa significa sostener un esquema de transferencias que beneficia a más de 900 mil personas, quienes reciben un ingreso mensual de $78,000.
Esta decisión judicial entra en conflicto con las reformas planificadas por el Ministerio de Capital Humano, dirigidas por Sandra Pettovello, las cuales buscaban redirigir fondos hacia programas de capacitación laboral y promover una jornada escolar extendida en instituciones ubicadas en sectores vulnerables.
La resolución que frena los planes del Gobierno fue dictada por el juez Adrián González Charvay, quien aceptó una medida cautelar que bloquea la supresión del programa. Este fallo obliga al Gobierno a mantener el esquema original del programa hasta que se resuelva completamente el asunto en cuestión. En respuesta, el Ministerio afirmó que "el Programa Volver al Trabajo concluyó su vigencia luego de dos años" y destacaron que se habían emitido convocatorias masivas para que los beneficiarios accedieran a vouchers de capacitación laboral destinada a impulsar el ingreso al mercado laboral formal. Sin embargo, la continuidad impuesta por la justicia anula temporalmente estos planes formativos y el incremento de la jornada escolar en las áreas más necesitadas.
El Gobierno interpreta esta decisión como una intervención judicial en asuntos fundamentales de política pública. Desde la Casa Rosada se ha manifestado reconocimiento al fallo, pero también disconformidad subyacente, dado que interrumpe una estrategia clave focalizada en cambiar los planes de asistencialismo hacia un modelo que privilegie el empleo y la educación. Las autoridades aseguran que el rediseño buscaba generar un impacto positivo en la empleabilidad y extender la cobertura educativa en las zonas más necesitadas, un plan ahora suspendido por la intervención judicial.
Frente a este escenario complejo, el Ejecutivo prepara una apelación con el objetivo de revertir la medida y recuperar el control sobre la asignación y destino de los recursos públicos. En el ínterin, el programa Volver al Trabajo seguirá operativo, apoyando un debate aún no resuelto entre los modelos de ayudas sociales directas y las políticas enfocadas a la inserción laboral y educativa. La cuestión de fondo reside en si el Gobierno debería limitarse a dar asistencia directa o debería evolucionar hacia estrategias destinadas a crear un entorno para el desarrollo laboral y educativo.