Jubilados en emergencia: la "motosierra" de Milei paraliza las prestaciones del PAMI en la Patagonia
El plan de ajuste fiscal que el Gobierno Nacional comenzó mostrar su cara más cruda en el sistema sanitario de la región. Ante la falta absoluta de respuestas de las autoridades centrales del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el conjunto de clínicas y sanatorios de la Patagonia decidió pasar a la acción: a partir del próximo lunes, se iniciará una restricción progresiva de servicios que afectará, en primera instancia, a las cirugías programadas.
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La medida de fuerza, que involucra a prestadores de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa, es la respuesta directa a un silencio administrativo que asfixia a los establecimientos. Según el comunicado, no ha habido actualización de los valores retributivos (lo que el PAMI paga por cada prestación) en un contexto de inflación galopante, lo que torna "insostenible" la continuidad de la atención.
Cupos y restricciones: el ajuste invisible
Más allá de los precios congelados, las clínicas encendieron las alarmas sobre una nueva modalidad de ajuste: la imposición de cupos. Según los prestadores, el propio PAMI limitó la cantidad de estudios de diagnóstico por imágenes que un afiliado puede hacerse o que un prestador puede realizar.
Esta "motosierra" administrativa llega incluso a las Unidades de Gestión Local (UGL), que ahora tienen límites estrictos para autorizar excepciones, incluso en situaciones de urgencia. "No es una decisión de los prestadores, sino medidas instrumentadas por el propio Instituto", aclararon con firmeza, deslindando responsabilidades sobre la falta de turnos.
Un sistema en alerta roja
La restricción que comienza el lunes con las cirugías no es el techo. Los sanatorios advirtieron que, si la gestión de Milei no revisa los números y convoca a una mesa de diálogo, las medidas podrían ampliarse. Por ahora, el objetivo es resguardar lo más crítico: las guardias, urgencias y emergencias.
Sin embargo, el diagnóstico de los prestadores es lapidario: la solución no está en la región, sino en los despachos porteños de las autoridades centrales del PAMI. Mientras tanto, los jubilados patagónicos quedan como rehenes de un presupuesto que se achica y un sistema de salud que, al ritmo de la motosierra, empieza a crujir peligrosamente.