El pedido de Maricel Cévoli por la Ley Cazzu: “Hablamos de responsabilidad parental”

El proyecto de Ley 338/2026, que busca incorporar al Código Civil y Comercial de la Nación la suspensión cautelar del ejercicio de la responsabilidad parental, es una iniciativa legislativa nacional para ser aplicada a progenitores que incumplan la cuota alimentaria o se ausenten de la vida del menor. Se trata del proyecto conocido como ‘Ley Cazzu’, que nació en México a partir de lo que vivió la artista argentina tras la separación del mexicano Christian Nodal.

Te puede interesar: Violencia escolar: Río Negro refuerza protocolos y apuesta a la "pausa digital" para frenar la conflictividad

Luego de la ruptura y tras oficializar una nueva pareja, Nodal negó el permiso para que Cazzu pudiera viajar al exterior con su hija Inti. Más allá de que ella se hizo cargo totalmente de la menor, siempre dependió de una firma del padre de la menor que nunca se dio en tiempo y forma. Producto de no tener ese permiso y no poder sacar a su hija del país, perdió varios trabajos.

En Argentina se presentó el proyecto, pero aún no se trató. La cuestión va más allá de un nombre famoso, tiene que ver con una realidad que también se da en caso anónimos y que se va a poder cambiar. Por este motivo, la legisladora de Juntos Somos Río Negro, Maricel Cévoli, solicitó al Senado de la Nación el pronto tratamiento.

Comprometida con este tipo de causas, la legisladora habló con NoticiasNet y explicó: “Nosotros tomamos un poco la intensión que tiene la ley más allá de la denominación, que refiere a una situación particular que le toca vivir a una artista argentina, con el otro progenitor, que vive en otro país. Es el país en donde se inicia este proyecto de ley, que es en México. México que tiene alguna norma muy aggiornada a partir de una presidencia particular que tiene en relación a políticas y perspectivas de género. Nosotros en el país ya venimos avanzando muchísimo”.

“En este momento hay un parate, un pequeño retroceso, alguna revisión, y esta norma en particular no habla específicamente de una perspectiva puntual de género sino de la responsabilidad parental. Nosotros hablamos de responsabilidad parental, que siempre nos remite a que hay una infancia en el medio que está siendo afectada. En este caso en particular, lo que sucede es que hay un impedimento para que la mamá, que es con quien está mayormente esta niña, pueda trasladarse para trabajar a otro lugar u otro país”, subrayó Cévoli.

Sobre ese dilema, puntualizó: “Entonces, recae la responsabilidad de cuidado y de la atención sobre uno de los progenitores, pero es el otro el que tiene el poder de determinar qué sucede con esa criatura. Entonces, esta ley lo que intenta es terminar o suspender temporalmente la responsabilidad parental en caso de que esto perjudique a las infancias”.

Sobre lo que significaría para Río Negro, mencionó: “Lo que hacemos como provincia es adherir a algunos proyectos que presentan en Nación. Acompañar desde la provincia con las modificaciones pertinentes si hubiere que hacerlas”.

“Hay una realidad que siempre digo y que tal vez trasciende un poco la norma y que tiene que ver con esta etapa de violencias que estamos viviendo como sociedad. Quienes más perjudicados están son los niños, niñas y adolescentes. Muchas veces, algunos adultos en estado de vulnerabilidad. Entonces, toda norma que proteja y que prevenga estas situaciones siempre va a ser atendida, por lo menos desde mí, tanto para pedir que se trate en el Senado o que se pueda abordar en la provincia”, recalcó.

El caso Ángel como mirada

Ante una situación tan palpable y que atravesó a toda la sociedad, mencionó: “El caso Ángel que también nos remite al caso Lucio y lo que nos pone en evidencia es la vulnerabilidad de las infancias. Lo poco que muchas veces, en los espacios donde deberían ser escuchados”. 

“Hay situaciones que a nosotros nos conmueven mucho y que tienen que ver con que a veces salen en las redes adopciones de adolescentes y la ratificación de la adopción después de un término de cuidado de adolescencias, cuando sabemos que la adolescencia tiene sus particulares. Del mismo modo debería de conmovernos la voz de las infancias. Después sucede -y esto lo digo bajo mi responsabilidad-, que se tergiversan las situaciones”, sumó.

En ese punto, se refirió a cuando una escena es traspasada por otras cuestiones, como la políticas e ideologías que confrontan. “Pasamos de un niño que ya no tiene existencia en este mundo a empezar a pensar si es porque el profesional o la profesional tenía tal o cual convicción respecto de su posicionamiento en las luchas”.

“Lo que es verdaderamente es importante, que tiene que ver con proteger a las infancias y las adolescencias, muta en otra cuestión que siempre sigue siendo un conflicto entre adultos. No importa qué representa ese profesional, porque lo que sucedió acá fue que alguien le dio la tutela, además, porque por una cuestión histórica, que somos las mujeres las que nos ocupamos de las tareas de cuidado sin evaluar las condiciones de esa persona para ejercerlas”, soltó.

Ante ese panorama, sumó: “Caemos en una estructura que no ve la evaluación específica y que termina con la vida de una criatura. En ambos casos pasó lo mismo. El foco está en romper esa estructura escuchando a los verdaderos protagonistas y despolitizando un poco esto, y te lo dice alguien que ejerce la política. Porque cuando tomamos bandera y hacemos de esto un hecho político, nos olvidamos de quienes están transcurriendo el padecimiento”.

“Hay un responsable que escuchó a medias o que creyó que la estructura social define la tenencia y la mamá tiene un historial, por decirlo en términos generales, que la inhabilitan para las tareas de cuidado”, sentenció sobre el hecho puntual de Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia y por el que se investiga a su madre y padrastro. 

Qué pasará si se aprueba la Ley Cazzu 

Tras el pedido desde la provincia de urgente tratamiento para poder adherir, el foco está acompañar y adoptarla. “Es con la intervención de los sistemas judiciales también, porque esto no nos ataña solamente a la legalización. Hay una situación que no viene al caso y sí, que es el tema de la violencia digital, que nosotros también estamos pidiendo que pueda ser incorporado, que de hecho se incorporó a la ley vigente sobre el ejercicio de la violencia de género, la violencia digital que no estaba contemplada. Ahora estamos pidiendo la punición”.

Hay una cuestión de fondo, que va más allá de la ley y su adhesión en el caso de que salga. Entra a tallar el sistema judicial y puntos que deben modificarse. Una suspensión del código civil y comercial de la Nación. “La modificación de artículos, que a veces es más complejo que modificar una ley”.

“Es lo mismo que te acabo de decir de la violencia digital, que punir implica tipificar y modificar el Código Penal...cuando se trata de algo de la provincia, nosotros tenemos otra dinámica de trabajo con los juzgados, con el Poder Judicial. En el caso Nación ya cambia. Lo importante es visibilizar y entender que la Justicia tiene responsabilidades que van de la mano de la nuestra”, sentenció la legisladora.