Una mujer denunció a su vecino por ruidos molestos: qué ocurrió y cómo actuó la justicia
En muchas comunidades, la convivencia entre vecinos puede ser un desafío, especialmente cuando se presentan conflictos relacionados con los ruidos molestos, y que acarrean posteriormente situaciones enojosas dentro de un clima de violencia.
Leer más: Violencia social: qué dijeron los equipos educativos del Valle Inferior
Días atrás, una mujer que vive en inmediaciones del barrio Fatima –madre de una pequeña hija- se vio obligada a dar un paso importante al denunciar a su vecino por ruidos molestos que afectaban su tranquilidad, aunque con una serie de particularidades que inicialmente se volcaron en una presentación, en principio, en la Comisaría de la Familia de esta capital.
La persona afectada contó al personal policial que desde hace aproximadamente ocho meses el denunciado produce ruidos molestos desde su departamento, irrumpiendo de ese modo su descanso y el de su hija. Tras recibir la presentación, las autoridades de ese cuerpo trasladaron las actuaciones a la justicia civil de esta capital, y en un juzgado volcaron las penurias que atraviesa.
Según el expediente judicial al tuvo acceso NoticiasNet, la víctima planteó que el vecino hace sonar el portero eléctrico sin razón y a cualquier horario. También que, en ocasiones, deja su bicicleta en la puerta de acceso a la vivienda, obstruyendo de ese modo el paso, como además, las heces de su perro. En relación a ello, expone además que el animal mordió a su hija.
Señaló que hace unos días, mientras su hija se encontraba sola en el departamento, el denunciado tocaba el portero eléctrico, debiendo solicitarle a una familiar que la retirara del domicilio ya que la menor de edad estaba asustada.
En ese contexto, la mujer se acercó a la inmobiliaria que administra las propiedades a exponer la situación y que desde allí le manifestaron que ellos no podían hacer nada, sugiriéndole que realice la correspondiente denuncia, en tanto el departamento del vecino pertenecía a otro dueño.
Por otra parte, expuso que ha intentado dialogar con el denunciado pero que solo recibió destrato de modo violento y agresiones verbales, por lo tanto frente el ambiente tenso, expresó su temor, ya que convive sola con su hija y ocasionalmente con su pareja. En concreto, tiene miedo que el denunciado tome represalias, además que ya ha tenido inconvenientes con otros vecinos.
Luego de solicitar el cese de todo tipo de actos violentos y/o molestos por cualquier medio que fuera posible, además solicitó la posibilidad que el denunciado se retire del lugar, aunque esto último se torne difícil de resolver.
Con este entorno por delante, la titular del Juzgado Civil Nº 1, Julieta Noel Díaz, dispuso una serie de medidas que fueron clave para intentar restablecer la tranquilidad. En principio, ordenó al vecino que deberá abstenerse de mantener todo tipo de comunicación en términos inapropiados y/o violentos, en relación al núcleo familiar denunciante tanto en su domicilio y/o el lugar donde se encuentre.
Ordenó que se abstenga de ejercer contra la denunciante y su grupo familiar todo acto violento, perturbador, por cualquier medio en que fuere posible y por terceros o comunicación, ya sea mediante medios físicos, tecnológicos o digitales (mensajes, redes sociales como Messenger, Facebook, WhatsApp, y otras plataformas o canales de mensajería), incluyendo el uso de perfiles en redes, mensajería instantánea o plataformas similares respecto de las nombradas.
En caso de incumplimiento de las medidas de protección dispuestas, Díaz amenazó con que se aplicarán las sanciones previstas en la Ley 26.485 y se remitirán las actuaciones a la justicia penal por desobediencia a una orden judicial.
Qué dice la Ley que se podría aplicar en caso de desobediencia
Esta norma establece la «Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres» en sus relaciones interpersonales. Define y protege contra diversos tipos de violencia (física, psicológica, sexual, económica y simbólica) y modalidades, incluyendo la doméstica, institucional y laboral, garantizando derechos humanos fundamentales.