Investigaban venta de drogas y terminaron secuestrando armas de fuego ilegales
Un llamado anónimo al 0800-DROGAS puso en marcha una investigación que, tras un mes de tareas de inteligencia, terminó con un allanamiento en Viedma donde se secuestraron dos armas de fuego, 19 municiones y diversos elementos vinculados al cultivo de cannabis sativa.
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El procedimiento fue coordinado por la fiscal federal Florencia Albarracín. El operativo se realizó durante la mañana en una vivienda ubicada sobre calle Las Heras al 800, luego de un trabajo sostenido de la Delegación de Toxicomanía de la Policía de Río Negro.
La pesquisa, iniciada a partir de la denuncia anónima, fue creciendo con el aporte de pruebas y el seguimiento de movimientos que despertaban sospechas. Con esos elementos, la Justicia Federal autorizó el allanamiento.
Durante la diligencia, el personal ingresó al domicilio y rápidamente detectó un invernadero en el patio. Allí había 10 plantas de cannabis, además de frascos con flores, ramas en secado y semillas preparadas para cultivo. También se encontraron dos balanzas, un elemento que suele ser clave en este tipo de investigaciones porque indica fraccionamiento para la comercialización.
Sin embargo, el dato que marcó el rumbo del procedimiento apareció en paralelo: el hombre mayor de edad que habitaba el lugar contaba con autorización vigente del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) para el autocultivo con fines medicinales. Por eso, y en cumplimiento de la normativa, la Fiscalía Federal dispuso la restitución de todos los elementos vinculados al cannabis.
Pero el procedimiento no terminó ahí. A medida que avanzaba la requisa dentro de la vivienda, los efectivos hallaron dos armas de fuego, un revólver calibre 32 y una escopeta calibre 22, junto a 19 proyectiles. Ninguno de estos elementos contaba con documentación ni autorización legal, lo que derivó en su secuestro inmediato.
En consecuencia, el hombre quedó supeditado a la causa por la tenencia ilegal de armas, a la espera de la resolución judicial. Si bien la investigación no confirmó una red de comercialización de estupefacientes, sí permitió detectar una situación irregular que ahora es materia de análisis en la Justicia.