Cómo es en Río Negro la readaptación de condenados por violencia de género
El Programa “Masculinidad y Violencia” del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro se consolidó, en apenas cinco años, como una política pública clave para abordar de manera integral la violencia de género.
En este sentido, Radio Noticias (105.5), conversó con Mónica Navarrete, Delfina Otero y Romina Alcaraz, quienes son parte del programa. “Comienza en el 2021 como un proyecto y justamente comienza con la iniciativa de las propias mujeres atravesadas por situaciones de violencia de género que dependían del área de género del Ministerio de Seguridad y Justicia”, explicó Mónica.
A diferencia de los enfoques tradicionales centrados exclusivamente en las víctimas, esta iniciativa pone el foco en los varones que ejercieron violencia, con el objetivo de prevenir nuevas situaciones.
Ese primer impulso incluyó la recopilación de historias de mujeres rionegrinas en un dossier con perspectiva académica. A partir de esa demanda, el área de género, que hoy es la Dirección de Prevención, Protección y Atención a la Víctima de Violencia de Género empezó a trabajar en una nueva línea de intervención: “Nos pedían justamente esto, la posibilidad de poder comenzar a trabajar con los varones”, confesó Navarrete.
Si bien el programa comenzó con experiencias piloto, a prueba y error fueron perfeccionando la política pública. Primero con varones que utilizaban dispositivos duales y luego en 2022, en articulación con el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL).
Hoy el alcance es provincial con ya 10 dispositivos. Ese crecimiento implicó también la construcción de capacidades dentro del Estado. Tal como argumentó Romina Alcaraz: “Hubo que construir y planificar. Los antecedentes que había en cuanto a intervención estatal tenían que ver con las destinatarias, mayormente mujeres… entonces hubo que analizar qué era lo que faltaba para poder llevar adelante esta política pública”.
El eje del programa son dispositivos grupales psico-socio-educativos dirigidos a varones con causas judiciales por violencia de género o bajo supervisión del IAPL.
Estos espacios funcionan por ciclos con encuentros semanales de 6 o 12 semanas, donde abordan temas como roles de género, responsabilidad, autocuidado y vínculos. “No se trata de un espacio terapéutico sino psico-socio-educativo”, remarcan las referentes del programa.
Metodología para fundar una política publica innovadora
Delfina Otero, aseguró que la formación es fundamentar: “Fuimos formadas específicamente en una metodología específica… y ese es el abordaje que tenemos con la población destinataria”.
En este sentido profundizó que la metodología utilizada es la de Procesos Correctores Comunitarios (ProCC), desarrollada por el Centro de Salud Marie Langer, que promueve una mirada crítica sobre los malestares cotidianos y su vínculo con el sistema social.
“Muchos varones llegan con ideas erróneas, creyendo que es una entrevista psicológica, pero es un dispositivo grupal”, aclaró. Actualmente hay 58 personas capacitadas en la metodología, distribuidas en distintos puntos de la provincia.
“Apuntamos al trabajo con la población destinataria… pero también tenemos una fuerte mirada de la capacitación de esos profesionales que van a intervenir en territorio”, destacó Otero.
La red de trabajo incluye agentes estatales y profesionales independientes, lo que amplía el alcance del programa y fortalece la intervención comunitaria. “No trabajamos al azar, trabajamos en consonancia y en articulación con el Poder Judicial porque justamente trabajamos con varones que tienen causas judiciales”, subrayó Mónica.
Además, antes de implementar cada dispositivo se realizan instancias de sensibilización con actores locales como fiscales y defensores, fundamentales para garantizar la derivación de participantes.
Resultados y desafíos
Consultadas por los resultados, en materia de intervención, las especialistas aseguraron que entre 2021 y 2025 participaron 298 varones en la provincia, con 112 durante el último año. Los datos muestran un indicador alentador, según señaló Alcaraz. “En casi 300 casos, solo nueve mostraron reiterancia, lo cual es un número bajo”.
También persisten hoy desafíos en la convocatoria y comprensión del dispositivo, “ya que muchos participantes llegan por obligatoriedad judicial y con ideas equivocadas sobre el espacio” indicaron.
El enfoque no busca “aprobar” ni “dar el alta”, sino trabajar sobre la responsabilidad:
“Se trabaja en la responsabilidad sin dejar de reconocer el daño causado”. En ese proceso, conceptos como reparación, restauración y justicia restaurativa se vuelven centrales, tanto para los participantes como para los equipos técnicos.