El Colegio de la Abogacía de Viedma lidera un reclamo federal contra la reforma laboral
El Colegio de la Abogacía de Viedma impulsa y acompaña la acción cautelar autónoma que este miércoles presentarán 26 colegios de abogados de distintas provincias del país contra el Estado Nacional, solicitando la suspensión de los artículos 20 y 277 de la reforma laboral introducida por la Ley 27.802.
La iniciativa, de marcado carácter federal, encuentra en el Colegio de la Abogacía de Viedma uno de sus impulsores, consolidando su posicionamiento institucional en la defensa del ejercicio digno de la profesión y de los derechos de las y los abogados.
Acompañan la presentación los colegios de abogados de Villa María, Río Cuarto, Bell Ville, San Francisco, Río Tercero, Villa Dolores, Cruz del Eje, Deán Funes, Laboulaye, Resistencia, Santa Fe, Salta, Roca, Bariloche, Ushuaia, Charata, Santo Tomé, Goya, Curuzú Cuatiá, Corrientes, Paso de los Libres, Jujuy y Concepción del Sur, entre otros.
Financiamiento de sentencias laborales
Uno de los ejes centrales del planteo se dirige contra el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que habilita la posibilidad de financiar el pago del capital reconocido en una sentencia laboral hasta en 12 cuotas, incluyendo también los honorarios profesionales.
Desde la institución se advierte que este mecanismo, que en el ámbito jurídico comienza a denominarse como un sistema de “ahora 12”, desnaturaliza la función de la sentencia judicial, diluye el crédito del trabajador y afecta directamente la percepción oportuna e íntegra de los honorarios profesionales.
Responsabilidad de los abogados
El segundo eje del cuestionamiento se vincula con el artículo 20 de la LCT que, modifica sustancialmente el régimen de responsabilidad profesional. Mientras el sistema anterior preveía la responsabilidad solidaria del abogado como una hipótesis excepcional, sujeta a la acreditación de temeridad o malicia procesal, la reforma introduce un criterio de carácter objetivo. Esto implica que la sola sobreestimación de la pretensión, según la apreciación judicial, podría dar lugar a la imposición de costas al profesional.
Los firmantes de la presentación advierten que esta modificación coloca al abogado en una situación de extrema vulnerabilidad económica, condiciona su independencia técnica y lo convierte, en los hechos, en un rehén económico del proceso. Asimismo, se señala que el esquema propuesto rompe el equilibrio del sistema judicial, genera un trato desigual entre las partes y afecta el adecuado ejercicio del derecho de defensa.
Planteo constitucional en la acción principal
Los colegios sostienen que las normas cuestionadas vulneran garantías constitucionales esenciales, tales como el derecho de propiedad, la libertad en la asistencia técnica y el libre ejercicio de la profesión.
En esa línea, remarcan que las disposiciones impugnadas no superan el test de constitucionalidad, en tanto introducen un efecto disuasivo indebido sobre la labor profesional y afectan el normal desenvolvimiento del sistema de justicia.
La acción cautelar, que cuenta con el patrocinio del abogado Alberto Spota, tiene como objetivo suspender la aplicación de los artículos 20 y 277 de la LCT mientras se sustancia el proceso principal.