Piden cinco años de prisión para un “pai umbanda” acusado de estafas en Viedma
Hoy se presentó en los tribunales de esta capital, Gonzalo Matías Jacob, acusado en esta ciudad por los delitos de defraudación y falsificación de documentos. En 2023, en calidad de gestor, simuló tener vínculos con una conocida escribana de esta capital para tramitar la cesión de derechos sobre un inmueble.
Para tal fin, utilizó documentos falsos y sellos apócrifos buscando obtener un rédito económico. En este sentido, engañó -por entonces- a una pareja con 25.000 pesos. La mujer profesaba la religión Umbanda, en la que Jacob era su guía espiritual y con ello abusó de la relación de confianza preexistente.
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La audiencia de hoy fue en el Anexo del Poder Judicial de Viedma se realizó este mediodía la audiencia de cesura en el juicio contra Gonzalo Matías Jacob, acusado por los delitos de defraudación y falsificación de documentos, un proceso en el que la Fiscalía solicitó una condena de cinco años de prisión efectiva.
La audiencia estuvo presidida por los jueces Marcelo Chironi, Guillermo Bustamante y Carlos Reussi. En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron Paula De Luque y Pablo Peralta, mientras que la defensa del imputado estuvo a cargo de los abogados Adrián Zimmermann y Graciela Carriqueo en reemplazo de Adrián Dvorzak.
Durante el juicio, fue la propia escribana quien declaró no tener ninguna relación con estas maniobras, y dejó expuesto al gestor, que quedó a merced de la justicia en una causa por "defraudación y falsificación".
Durante la exposición de hoy, la Fiscalía planteó que el punto medio de la escala penal prevista para los delitos —que va de seis meses a seis años de prisión— sería de tres años y tres meses. Sin embargo, argumentó que en este caso corresponde una pena mayor por la reiteración de conductas y por el impacto que generaron los hechos en las víctimas.
Los alegatos de la Fiscalía
Según De Luque, Jacob se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de una mujer de bajos recursos y bajo nivel de instrucción, quien además mantuvo un conflicto con su ex pareja en el marco de la operación cuestionada. De acuerdo con la acusación, el episodio incluso derivó en un allanamiento que afectó a la víctima en una etapa inicial del proceso.
La Fiscalía también sostuvo que la maniobra afectó a una escribana de esta capital, ya que el caso generó un daño a la confianza depositada en el sistema notarial y en la función pública de esta ciudad.
Uno de los puntos centrales del pedido de pena fue la carencia de atenuantes, dado que los hijos del acusado ya son mayores de edad y no se acreditó un vínculo cercano con ellos y remarcó la existencia de antecedentes. Según se detalló en la audiencia, el acusado ya cuenta con tres condenas previas vinculadas a maniobras de características similares.
En 2014 fue llevado a juicio en General Roca por una causa de defraudación vinculada a la gestión de fondos públicos destinados a mujeres beneficiarias, en la que fue condenado a dos años de prisión condicional.
Más tarde, en 2018, recibió una pena de un año y seis meses de prisión por un caso en el que, junto al abogado Ignacio Galiano, utilizó documentos falsos para simular ser asesor de la Secretaría de Hacienda y otorgar códigos de descuento a asociaciones mutuales. En ese contexto se realizaron transferencias que superaron los 130 mil pesos. Un año después, en 2019, volvió a ser condenado a seis meses de prisión por una tentativa de defraudación vinculada al uso indebido de un pagaré por 300 mil pesos.
Para la Fiscalía, estos antecedentes demuestran que no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón de conducta, lo que refuerza la necesidad de una pena de cumplimiento efectivo y solicitó cinco años de cárcel.
Desinterés de las víctimas en continuar con el proceso
La defensa, por su parte, planteó una visión completamente distinta del caso. El abogado Zimmermann sostuvo que ninguna de las dos personas involucradas en el conflicto tenía interés en continuar con el proceso judicial, que ni siquiera hicieron una denuncia formal, y que la causa avanzó principalmente por impulso del Ministerio Público Fiscal.
También argumentó que el contrato firmado por Jacob tenía validez legal y que no se trató de una maniobra fraudulenta en sentido estricto. Según la defensa, se trató de un instrumento que podría haber sido confeccionado por cualquier persona, sin necesidad de la intervención de un escribano.
Jacob había faltado a la cita judicial anterior aduciendo una "gastritis", y hoy, Zimmermann agregó que no hubo violencia ni un engaño directo hacia una de las partes involucradas y que existieron confusiones en la relación entre los protagonistas del conflicto.
Además, cuestionó la idea de que la víctima tuviera un nivel de instrucción bajo o que existiera una relación de autoridad espiritual o influencia sobre ella, como se sugirió durante el proceso.
El defensor también remarcó que Jacob siempre tuvo domicilio en Viedma, que trabajó durante estos años y que incluso participó de las audiencias judiciales conectándose desde Buenos Aires cuando fue necesario. En ese marco, la defensa solicitó que la condena no supere los ocho meses de prisión.
El propio imputado también tomó la palabra en el cierre de la audiencia, donde se mostró molesto por lo enunciado por la fiscal y sostuvo que mantiene una buena relación con sus hijos.
Tras escuchar a las partes, el tribunal informó que la sentencia completa, junto con la determinación final de la pena, será notificada próximamente. Mientras tanto, se mantiene vigente la prohibición de salida del país que pesa sobre el acusado desde octubre de 2025.