La UNRN advierte por el deterioro presupuestario frente a las decisiones adoptadas por Milei
El Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) emitió hoy, en su primera sesión ordinaria del año, una declaración de emergencia presupuestaria, salarial y en defensa de la legalidad; saliendo de esta manera al cruce de la restricción presupuestaria impuesta por el gobierno nacional.
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Votada por unanimidad, la declaración expresa que la situación actual de las universidades nacionales y de la UNRN configura una emergencia que compromete el sostenimiento del sistema universitario público, gratuito y de calidad.
Al mismo tiempo, denuncia una "crítica situación" que afecta tanto el funcionamiento normal de la institución como el poder adquisitivo de los trabajadores. La declaración del Consejo además expresa una especial preocupación por el impacto que esta situación presupuestaria tiene en las becas estudiantiles, exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y rechaza el desfinanciamiento como política pública.
En este contexto, advierte con especial preocupación el impacto de esta situación sobre las políticas de bienestar estudiantil, en particular sobre el sistema de becas, cuya insuficiencia y falta de actualización en un escenario de alta inflación afecta directamente la permanencia de estudiantes y profundiza las desigualdades en el acceso a la educación superior.
El cuerpo fijó postura señalando que “esta situación no constituye un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que es la continuidad de un proceso de deterioro que ya fuera advertido por este Consejo en reiteradas oportunidades, y que ha derivado en una significativa pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y nodocentes, así como en una reducción real de los recursos destinados al funcionamiento universitario, la investigación científica y las políticas de inclusión”.
Sostiene en el documento que “la sanción de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario representó una respuesta institucional del Congreso de la Nación para garantizar condiciones mínimas de sostenibilidad del sistema, estableciendo obligaciones claras en materia de recomposición salarial, actualización presupuestaria y financiamiento de las universidades”.
Sin embargo, puntualizó que la falta de cumplimiento efectivo de dicha ley y de los fallos judiciales asociados profundiza la incertidumbre y agrava el escenario actual, generando un impacto directo en las condiciones de trabajo de las y los trabajadores universitarios y en las trayectorias educativas de miles de estudiantes.
Considera que las propuestas formuladas en el ámbito nacional, basadas en incrementos insuficientes, no retroactivos y diferidos, no permiten recomponer la pérdida acumulada ni resultan compatibles con el marco legal vigente, comprometiendo la sostenibilidad del sistema universitario público.
Los números
El pronunciamiento hace referencia a un contexto de marcada restricción presupuestaria. Para el ejercicio 2026, esta casa de estudios superiores solicitó un presupuesto total de $ 80.267.165.162,97, mientras que el crédito otorgado en la Ley de Presupuesto asciende a $ 36.153.032.028, lo que representa aproximadamente el 45,04 % de lo requerido, generando una brecha de financiamiento de $ 44.114.133.134,97. A ello se suma que, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, la inflación acumulada (IPC nivel general) fue del orden del 259,3 %, incrementando de manera sustantiva los costos de funcionamiento.
Frente a esta situación, el cuerpo interpretó que “esta combinación de subfinanciamiento, pérdida salarial y aumento sostenido de costos configura una situación crítica que afecta integralmente el funcionamiento de la Universidad y limita su capacidad de sostener sus actividades académicas, científicas y de extensión. Que el desfinanciamiento del sistema universitario no constituye un problema sectorial, sino una definición de política pública que impacta directamente en el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país.
Para el consejo la situación actual configura una emergencia de carácter integral que compromete el sostenimiento del sistema universitario público, recordando que la UNRN ha definido oportunamente acciones institucionales en defensa del financiamiento universitario, incluyendo la promoción de acciones administrativas y judiciales tendientes a garantizar la efectiva aplicación de la normativa vigente, a la vez, en virtud de lo expuesto, el Consejo ratifica la vigencia de la emergencia presupuestaria entendiendo que se ha profundizado en el actual contexto.