Más obras con plata ajena: todos los vecinos de Roca pagarán el asfalto donde tienen propiedades la familia Soria

La municipalidad de General Roca presentó un plan de 10 obras viales, para las cuales el tesoro que administra la intendenta María Emilia Soria no pondrá un solo peso, y el costo total de la obra será financiado en un 25% por los frentistas (por ejemplo, los que vivan en el acceso de calle Damas Patricias o lo de la Avenida San juan cuando la reasfalten), y el restante 75% por todos los vecinos de la ciudad, aun los que vivan en calles de tierra alejadas del radio céntrico. 

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El plan contempla hacer o reparar el pavimento en accesos que salen desde la ruta nacional N°22, como Damas Patricias, Rosario de Santa Fe, San Juan, avenida Roca, Mendoza, Jujuy y Vintter; pero hay otro grupo de calles, que por una reciente ordenanza, pasaron a denominarse “conectores viales” (Evita, Gelonch, Villegas, 25 de Mayo, Rochdale, Alsina, Güemes y Los Álamos), y de esa forma también (y de manera indiscriminada), deberán pagar el 75% de la obra cada uno de los casi 46.000 contribuyentes que tiene la ciudad, ya sean personas con capacidad de ahorro o simples jubilados. Al menos la ordenanza no hace diferenciaciones en cuanto al nivel de ingresos. 

La familia es lo primero

Y si bien existen obras postergadas -y cuyo estado es de frecuente queja por parte de los vecinos, como el acceso por Damas Patricias o los insondables baches de la Mendoza-, la gestión Soria optó por definir un orden de prioridades diferente al que expresan los vecinos en sus opiniones en las redes sociales.

Ni la calle Gelonch, ni la siempre polvorienta calle 25 de mayo entre Rosario de Santa Fe y San Juan, sino que el plan comenzará a ejecutarse por la calle Güemes, en el tramo que va desde Mendoza a Jujuy. La obra ya fue licitada, y cuando firmen el inicio de obra, comenzarán a enviar las facturas a todos los roquenses. 

Como el presupuesto en ese caso es de unos 2.500 millones de pesos (1,7 millones de dólares por ejecutar 1.100 metros de pavimento), al 75% de los contribuyentes (hay unos 46.000 lotes en la ciudad) se les va a generar de manera automática una deuda con el municipio de unos 40.000 pesos. La cual será descontada en 6 cuotas.

 La prioridad de la gestión de la intendenta María Emilia Soria se fijó en una calle donde hace años varios miembros de su familia (entre ellos su esposo), compraron 3 lotes, que lograron escriturar luego de que por -una ordenanza anterior-, se desafectara un predio que estaba reservado para crear una plaza.

Tal fue el apuro en ese momento, que la empresa provincial Aguas Rionegrinas (ARSA), detectó una ampliación de la red de cloacas que, casualmente, beneficiaba a las propiedades de la familia Soria, y se informó que “la Municipalidad de Gral. Roca ha ejecutado sin que se haya otorgado la factibilidad correspondiente, una extensión de la red colectora cloacal en calle Posadas, Bahía Blanca y Norberto Blanes”, y en el mismo documento del 2018, se aclara que “el Municipio no informó del inicio de obra ni se solicitó por parte del municipio la inspección de la misma”.

El proyecto actual prevé que en esa zona se construya una suerte de avenida “con Boulevard y obras complementarias”, según consta en el boceto original.  Hace pocos días, los vecinos del barrio Quintu Panal, donde el municipio ya hizo el asfalto, mandaron un mensaje en las redes sociales, advirtiendo que “más vale que no quieran hacer política con la plata que sale de nuestros bolsillos”.

Esto ocurre mientras desde la gestión municipal van reportando el avance de los trabajos en las redes sociales: “Seguimos impulsando obras”, aseguran. En este caso, los frentistas deben afrontar cuotas de hasta 500.000 pesos mensuales durante 4 años, lo que representa un costo de hasta 24.000.000 de pesos para el frente de un terreno promedio

8.900 por ciento más

Esta forma de financiar obras con recursos de la comunidad, aun apelando al bolsillo de vecinos que tienen dificultades para llegar a fin de mes, se vió reflejada en un salto fuera de toda escala en el ítem “Recursos de Capital”, que se plasmó el presupuesto municipal del 2026.

En ese rubro se contemplan los ingresos por ventas de terrenos, y los ingresos que se prevén cobrar a los vecinos por las nuevas obras de asfalto. En el 2025 se presupuestaron 85 millones de pesos. Pero para este año, se esperan ingresos por $7.647 millones, o 5,2 millones de dólares. Un 8.900% de incremento, u 89 veces más. Esa es la magnitud del “esfuerzo” que deberán hacer los roquenses para que no caiga la obra pública que luego promociona el municipio.

De esta manera, se puede advertir que el golpe a los bolsillos fue premeditado, y si se toman como base los costos de la calle Güemes (como para tener una idea) y se aplica al resto de las 10 obras contempladas en el plan vial, de un día para el otro cada contribuyente de la ciudad pasaría a deberle a la municipalidad 400.000 pesos.

 Para poder avanzar con esta forma de financiar obras, la intendenta Soria mandó un proyecto al Concejo Deliberante para reformar la Ordenanza N°4650, que durante años rigió las políticas de obras de pavimento en la ciudad, la cual impedía -de manera clara-, el cobro anticipado como se pretende implementar en la actual gestión. 

Colectivismo

El artículo derogado decía sin lugar a interpretaciones que “la Administración Municipal no podrá emitir facturación en concepto de Contribuciones de Mejoras sin que la obra pública que diera lugar a dicho tributo se encuentre finalizada”.

Pero ahora, una vez finalizada la etapa del registro de oposición, y si menos del 50% rechaza la obra, “automáticamente el pago será obligatorio”, y el pago del proyecto “será a cargo de los beneficiarios directos, que serán los frentistas, y los beneficiarios indirectos, aquellos contribuyentes cuyas parcelas no tengan ningún frente afectado por la obra, aportando cada uno por unidad, independientemente de las dimensiones del lote”.

Para defender la nueva postura, la intendenta Soria argumentó en el proyecto enviado por el Ejecutivo a los concejales que “la ejecución de estas obras no se limita a un uso particular ni a los frentistas, sino que constituye infraestructura de uso general, de tránsito abierto y continuo, que incrementa la accesibilidad, la seguridad y el ordenamiento del tránsito para toda la ciudad”.

Por eso las calles que pasaron a denominarse “conectores viales, “por su función de uso común y carácter de bien público, deben ser financiados solidariamente por la comunidad, combinando la contribución de los frentistas con la de los restantes contribuyentes en un esquema equitativo que reconozca el beneficio colectivo”.

La Justicia debe definir el pleito

Fueron a la Justicia, y lograron llegar al Superior Tribunal de Justicia (STJ), que recientemente dictó una resolución clave, al determinar que, debido a los plazos legales, el reclamo debe tramitarse bajo las reglas del juicio de inconstitucionalidad en primera instancia.

Por ello, ordenó remitir las actuaciones al Juzgado Contencioso Administrativo N.º 15 de Roca, que será el encargado de definir si el cobro anticipado es válido o si, como piden los vecinos, debe anularse la ordenanza.

“Hay gente que va a morir en calle de tierra, que no va a tener asfalto en su vida, y que igual va a tener que pagar por estas obras”, comentó uno de los vecinos que formalizaron sus planteos con la nueva manera de financiar las obras de asfalto.