2026-02-03

INCENDIOS

Emergencia ígnea: la oposición denuncia que el DNU de Milei no asigna fondos a las provincias

La Casa Rosada anunció el envío de un monto millonario a bomberos voluntarios como si fuese ayuda extra que, en realidad, es el inicio de un trámite para regularizar una deuda que Nación tiene con los cuarteles, por incumplir con la ley.

La reciente declaración de emergencia ígnea a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei ha desatado una tormenta de críticas por parte de la oposición, quienes afirman que dicho decreto no proporciona la ayuda financiera necesaria a las provincias afectadas por los devastadores incendios en la Patagonia. Este panorama crítica encierra una serie de discrepancias entre las promesas gubernamentales y la realidad fiscal y operativa que enfrentan las regiones damnificadas.

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Unión por la Patria, una de las principales partes opositoras al oficialismo, ha señalado que el decreto es poco más que un trámite vacío, sin contemplar para nada la asignación de nuevos fondos destinados a paliar los efectos catastróficos de los incendios. Las llamas, que siguen asolando y extendiéndose en áreas críticamente afectadas como Chubut, se ven acompañadas por una falta de recurso económico directo a los que realmente necesitan reconstruir y asistir a las comunidades locales, los sectores productivos y los ecosistemas devastados.

Por otro lado, en un movimiento que aparenta ser de respuesta inmediata, la Casa Rosada emitió un nuevo plan de transferencias monetarias a los bomberos voluntarios, cargándosele a la opinión pública como un esfuerzo sumamente necesario para contención y gestión de crisis ígneas. Sin embargo, informe mediante, se descubre que los fondos no son otra cosa que un seguimiento de trámite pendiente del año anterior que debió haberse sometido para la cancelación de deudas con las estaciones de bomberos. Legisladores como el socialista Esteban Paulón han reiterado que estas acciones sólo evidencian la tendencia a manejar con poca anticipación financiera las obligaciones a nivel federal, privando a las comunidades de un respaldo auténtico.

Las instituciones involucradas, como la diputada Sabrina Selva, evidencian que la tramitación actual tiende únicamente a facilitar procedimientos administrativos como el ritmo en las licitaciones. Parra crear efectos reales y cohesivos, se hace critica una integración presupuestaria que impulse medidas sanadoras para cada provincia implicada en la catástrofe, considerando además los esfuerzos individualizados de los equipos de rescate que hasta ahora superan el umbral humano para contener los daños progresivos de las inundantes llamas.

Estos esfuerzos deben adaptarse desde claros y definidos presupuestos que salvaguarden comprometedoramente el ecosistema, una posición que tanto Hacienda como el ministerio de Medioambiente han claramente dejado en diálogo polémico alzado por críticas virulentas de las comunidades patagónicas.

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