Imputan a una mujer por estafa ante la venta irregular de un inmueble rural
En la mañana del lunes 15 de diciembre, en la Sala 5 del Poder Judicial de Viedma, se llevó adelante una audiencia de formulación de cargos en una causa por presunta estafa vinculada a la venta de un inmueble rural, con un perjuicio económico de significativa magnitud.
La audiencia fue presidida por el juez Guillermo Martín González Sacco. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Guillermo Carlos Ortiz, mientras que la defensa técnica fue ejercida por el abogado Jorge Mariano Gestoso.
Durante la audiencia, el fiscal detalló que el hecho investigado se remonta al 12 de junio de 2018, cuando la imputada habría vendido, mediante un boleto de compraventa, un inmueble rural ubicado en el partido de Adolfo Alsina, con una superficie de 1.357 hectáreas, 24 áreas y 14 centiáreas.
Según la acusación, la operación fue pactada bajo una modalidad de pago en cinco cuotas, equivalentes a una determinada cantidad de kilos de carne de novillo de 420 kilos cada una, a abonar entre febrero de 2019 y agosto de 2022.
Posteriormente, el 6 de noviembre de 2020, la compradora cedió los derechos del inmueble a sus hijos mediante escritura pública, circunstancia que fue debidamente notificada a la imputada, de acuerdo al relato.
El fiscal explicó que, conforme a lo acordado entre las partes, “en agosto de 2022 se completaron los pagos pactados, quedando pendiente únicamente la última cuota, fijada en 45.200 dólares”, la cual debía abonarse al momento de otorgarse la escritura traslativa de dominio.
Sin embargo, al poner la operación a disposición de la escribana interviniente, la notaria advirtió “a los compradores que la fracción de campo objeto de la compraventa no constituía una unidad económica independiente” explicó el Fiscal. En consecuencia, no era posible otorgar la escritura de dominio en los términos acordados.
De acuerdo con la exposición fiscal, las parcelas involucradas formaban una sola unidad económica y no podían ser transferidas de manera independiente. Esta circunstancia, sostuvo el acusador, era conocida por la imputada y fue ocultada a los denunciantes, quienes recién tomaron conocimiento de la situación en agosto de 2022, cuando se intentó concretar la escritura.
El fiscal indicó “que la imputada (de ilustre doble apellido) habría vendido una fracción de campo sabiendo que no podía hacerlo de forma independiente ni otorgar un título válido, ocultando deliberadamente los antecedentes registrales” hasta el momento del intento de escrituración. Este accionar habría generado un perjuicio económico a las víctimas equivalente a 211.919 kilogramos de carne de novillo.
Sobre la base de estos hechos, el fiscal calificó la conducta como constitutiva del delito de estafa y solicitó un plazo de investigación de cuatro meses, pedido que fue acordado con la defensa. El abogado defensor no formuló objeciones durante la audiencia.
Finalmente, el juez Guillermo Martín González Sacco resolvió tener por formulados los cargos por el delito de estafa, conforme a lo previsto en los artículos 172 y 45 del Código Penal, y dio inicio formal a la etapa de investigación penal preparatoria.