Mendoza habilitó un megaproyecto minero tras 15 años de discusión
Luego de más de quince años de debate público e idas y vueltas judiciales, el Senado de Mendoza autorizó la explotación de uno de los principales yacimientos de cobre de la provincia. Tras la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, la iniciativa quedó habilitada para avanzar en la explotación del mineral en el área de Uspallata. La votación tuvo 29 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.
Esta medida marca un giro en la política minera provincial, despejando obstáculos administrativos tras un proceso de evaluación que incluyó una audiencia pública de diez días y la presentación de más de 9.500 aportes ciudadanos.
El megaproyecto, promovido por la empresa PSJ Cobre Mendocino, promete una inversión inicial estimada en USD 559 millones y un período de construcción de entre 18 y 24 meses. A esto se suma la creación de aproximadamente 3.900 puestos de trabajo en la etapa de edificación y 2.400 en operación, entre empleos directos e indirectos.
La decisión fue celebrada por los impulsores del emprendimiento, quienes vienen planteando el potencial de desarrollo para la región a partir de la actividad minera. Desde la empresa afirmaron que el proyecto fue diseñado con un enfoque preventivo y sostenible, priorizando el uso responsable y eficiente del agua, con recirculación de más del 80% del recurso, y sin utilizar sustancias prohibidas por la ley vigente.
Por su parte, organizaciones sociales y referentes ambientales expresaron fuertes reparos sobre los posibles impactos que la explotación pueda tener sobre los recursos acuíferos y la estructura productiva local. Enrique Viale, abogado ambientalista, indicó a Infobae en Vivo que, en Mendoza, existe una histórica sensibilidad en torno a la protección del agua y recordó que “el 4% del territorio provincial es irrigable: el agua define la supervivencia y la producción”.
En ese sentido, remarcó que la experiencia reciente de la provincia muestra que la explotación minera genera rechazo social y advirtió que, en 2019, una movilización masiva logró frenar una iniciativa similar. El abogado insistió en que el proyecto San Jorge avanza “pese a la ausencia de licencia social y a un antecedente cercano” y alertó sobre el hecho de que múltiples proyectos mineros buscan aval legislativo en paralelo, lo que, según su análisis, “reduce los beneficios para la provincia y favorece a las empresas”.
Viale también cuestionó el argumento del desarrollo económico y social sostenido por las empresas. “En zonas mineras como Catamarca y San Juan los índices de pobreza y subdesarrollo permanecen elevados”, señaló. Las organizaciones ambientalistas arumentan que el avance del proyecto tendrá consecuencias sobre el ecosistema regional, en particular sobre la reserva de agua de Uspallata, a la que consideran esencial para la vida, la agricultura y la economía del oasis mendocino.