Caso Mandagaray: la familia buscará respuestas con la Corte Suprema
El litigio por la muerte del oficial Gabriel Mandagaray, ocurrido en abril de 2021, avanza hacia su próximo capítulo: el abogado defensor anunció que presentaron un recurso extraordinario con el objetivo de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la actuación del máximo tribunal provincial y del proceso que llevó a la condena de cuatro policías.
El caso Mandagaray, ocurrido en abril de 2021 durante un curso de entrenamiento del cuerpo COER en Bahía Creek, desembocó en condenas por homicidio culposo y abuso de autoridad para los instructores de la Policía de Río Negro.
A pesar de esto, los defensores de los imputados sostienen que el proceso estuvo marcado por defectos de fundamentación y dilaciones en la revisión de la sentencia. Y el caso ya tuvo dos anulaciones de los respectivos tribunales de Impugnación, por parte del Superior Tribunal de Justicia.
El abogado defensor, Damián Torres, indicó: “Junto a la Fiscalía presentamos recurso extraordinario para ir a la Corte en el caso Mandagaray. Vamos a trabajar para que el tribunal revise la actuación del STJ. La sentencia es arbitraria por fundamentación aparente”.
Según Torres, el argumento central es que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro autorizó una revisión que no se concretó correctamente, y ahora buscan que la Corte Nacional intervenga para evitar que haya una impugnación general de todo el proceso o irregularidades institucionales.
¿Qué piden al máximo tribunal?
El recurso extraordinario se plantea como un llamado al máximo tribunal del país para que examine si el marco procesal, la motivación de la sentencia y la revisión intermedia cumplieron con los estándares constitucionales. Torres explicó que, si la Corte no abre la vía, recurrirán a una “queja” para insistir en su derecho.
Además, la defensa reclama que se revoque la decisión del STJ y se restaure el fallo original del Tribunal de Juicio de Viedma o, en su defecto, se ordene una nueva revisión con tribunal diferente.
El Superior Tribunal apuntó que el refrendo de condenas exige una motivación robusta, análisis pormenorizado de autorías y una segunda instancia que no se limite a formalidades.
El caso Mandagaray trascendió lo jurídico porque cuestiona las prácticas internas, la formación policial y el control institucional en Río Negro. Las defensas lo presentan como una lucha por garantías procesales, mientras que los familiares de la víctima lo viven como una búsqueda de justicia pendiente.