Patricia Bullrich reclamó que Diputados sancione el nuevo Régimen Penal Juvenil
Durante su participación en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la ministra Patricia Bullrich recordó que resta el tratamiento del proyecto que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Con este impulso podría tratarse antes que finalice el actual periodo legislativo, que culmina el 30 de noviembre, o ingresar en una posible convocatoria a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo.
“Pedimos por favor si se puede poner en el temario, porque es muy importante. Hay un dictamen de mayoría que intenta trabajar para que los menores no entren en el delito”, indicó la senadora electa. Y agregó: “La seguridad es un derecho que el Estado debe garantizar en cada rincón del país. Demostramos que cuando hay decisión política, se termina la tibieza y se obra con decisión, los resultados llegan”.
Si bien fue invitada para hablar sobre el presupuesto que el Estado destinará al área de Seguridad el año próximo, la ministra hizo un balance de la gestión. “El que las hace las paga no es un lema de campaña; fue, es y seguirá siendo un principio de gobierno. Marca el límite entre la impunidad y la ley, entre el delito y el ciudadano honesto. Sin seguridad no hay libertad, y nuestro lema es ‘una Argentina cada vez más libre’”, sostuvo.
En junio del 2024, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. La iniciativa buscó favorecer el derecho de las víctimas y establecer un régimen diferenciado en cuanto al tratamiento de resocialización y a las sanciones penales.
Se trabajó la medida en un plenario de cuatro comisiones, encabezadas por Laura Rodríguez Machado (Pro), por Legislación Penal; Roxana Reyes (UCR) por Familia, Niñez y Juventudes; Manuel Quintar (LLA) por Justicia; y José Luis Espert (LLA), presidente en ese momento de Presupuesto y Hacienda. El 6 de mayo se firmaron los dictámenes y La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría para la iniciativa que prevé la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Lo logró con el respaldo del bloque del PRO y otras fuerzas: la UCR, partidos provinciales, la Coalición Cívica, sectores disidentes de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, y los radicales críticos de Democracia para Siempre.
El proyecto establece la proporcionalidad y excepcionalidad de las medidas restrictivas de libertad, priorizando la resocialización y la educación. La privación de libertad es la última instancia y solo se permite en establecimientos especializados. Asimismo, se garantiza la participación activa del adolescente y su derecho a ser oído, respetando el rol de las familias. Se asegura también celeridad procesal y el derecho del menor a expresar públicamente su situación, si así lo desea.