El Gobierno reglamentó las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, pero postergó su aplicación
En un desarrollo significativo sobre dos leyes importantes, el Gobierno ha promulgado recientemente las normativas de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, aunque decidió postergar su aplicación hasta que el Congreso clarifique sus respectivas fuentes de financiamiento.
Esta decisión ha generado una notable expectativa y debate entre las diferentes alas políticas del país. Las Leyes 27.795 y 27.796 fueron objeto de discusión y movilización en el ámbito parlamentario, consiguiendo prevalecer en ambas cámaras por una amplísima mayoría. Pero ahora, las preguntas sobre la implementación y el impacto financiero de estas leyes plantean un desafío nuevo.
El veto presidencial de Javier Milei inicialmente había frenado el avance de estas normativas, motivo por el cual la oposición respondió reafirmando su compromiso con estos proyectos hasta lograr su promulgación oficial. A pesar de este impulso legislativo, el Ejecutivo se amparó en la regulación establecida por el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera. Esta ley estipula que toda nueva legislación que implique gastos no presupuestados debe definir fuente y recursos financieros específicos. Esta prerrogativa legal resguarda la estabilidad económica al exigir claridad antes de ejecutar nuevos gastos que puedan alterar el equilibrio fiscal.
Asimismo, citó el artículo 5° de la Ley N° 24.629 de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional, el cual prevé que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".
Por qué el Gobierno posterga su aplicación
Según señaló el Gobierno en los Decretos 759 y 760, publicados hoy en el Boletín Oficial, la ejecución de la medida que prevé mayores fondos para las universidades nacionales conllevaría en 2025 un costo de más de un billón de pesos, mientras que la iniciativa denominada "Ley Garrahan", implicaría una erogación de 196 mil millones de pesos.
El Poder Ejecutivo señaló que ambas normas "incrementan de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto, generan un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables".
Por todo esto, el Ejecutivo promulgó ambas leyes, pero suspendió su ejecución "hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere".
No es la primera vez que la Casa Rosada recurre a esta maniobra. Hace algunas semanas, aplazó la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por el mismo motivo, luego de que el Congreso volteara otro veto del mandatario.