Audiencias penales en Río Negro: cómo se desarrolló la actividad judicial en el primer semestre de 2025
Durante los primeros seis meses de 2025, el sistema judicial penal de Río Negro mostró una intensa actividad: de las 7.892 audiencias programadas en las cuatro circunscripciones provinciales, se concretaron 5.898. Los datos fueron relevados por las Oficinas Judiciales y analizados por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.
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En cuanto al tipo de audiencia más frecuente fue la formulación de cargos con 2.087 registros, lo que representa más del 30 por ciento del total realizado. Le siguieron las audiencias por suspensión de juicio a prueba (879), control de acusación (583), juicios abreviados (553) y pedidos de sobreseimiento (495). Estos datos permiten dimensionar el volumen y la diversidad de actos procesales que atraviesan las causas penales según su evolución.
También se realizaron audiencias por modificación de medidas cautelares (436), prisión preventiva (279), debates orales (190), medidas de coerción (124) y control de acusación en juicios por jurado (66), entre otras. Algunas menos frecuentes, pero igualmente relevantes, estuvieron vinculadas a revisión de condenas, unificación de penas, medidas de seguridad y control jurisdiccional.
Entre las cuatro circunscripciones, la Segunda, con cabecera en General Roca, fue la que más actividad concentró: 2.518 audiencias programadas. Le siguieron la Tercera (Bariloche) con 2.092, la Cuarta (Cipolletti) con 1.975 y la Primera (Viedma) con 1.307. La distribución territorial también refleja el volumen de causas en cada zona y la capacidad operativa de sus Oficinas Judiciales.
Más allá de los datos, no todas las audiencias pudieron llevarse a cabo. En el semestre se registraron 1.994 interrupciones o cancelaciones. La Tercera Circunscripción presentó el mayor número de audiencias interrumpidas (334), mientras que la Cuarta encabezó las cancelaciones (549). Estos indicadores permiten identificar cuellos de botella o factores que afectan el normal desarrollo de los procesos judiciales en el territorio provincial.