"SIN PRECEDENTES"
Juicio YPF: los pilares fundamentales de la defensa argentina en la apelación en EEUU
En un intento por revertir un fallo judicial monumental emitido en los Estados Unidos, la República Argentina ha presentado una apelación ante la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York. La apelación argumenta que el fallo original, dictado por la jueza Loretta Preska, que obliga a Argentina a pagar unos colosales 16.000 millones de dólares a dos fondos de inversión y transferir un 51% de las acciones de YPF en caso de incumplimiento, viola la inmunidad soberana de la nación sudamericana.
Los abogados del Estado han basado su apelación en varios pilares fundamentales, todos enfocados en refutar la decisión inicial como un ataque a los principios del derecho internacional y a la legislación estadounidense. Uno de los argumentos principales es que la orden constituye una violación de la inmunidad soberana que generalmente protege a los estados de este tipo de acciones judiciales en el extranjero, a excepción de los bienes localizados dentro del territorio norteamericano.
La Ley de Inmunidades Soberanas de EE.UU. (FSIA), promulgada en 1976, establece barreras muy claras sobre cuándo los activos de estados extranjeros pueden ser embargados o ejecutados, centrándose exclusivamente en intereses que residen dentro de EE.UU., nunca fuera.
Otro argumento crucial es una disputa sobre la interpretación de las leyes de Nueva York, particularmente la aplicación de la norma de 'turnover', la cual dicen fue diseñada solo para casos que atañen a entidades operando bajo la regulación estadounidense, y no para compelir directamente a un Estado extranjero a transferir partes de su patrimonio localizado en el exterior.
Además, la defensa argentina refuta la aplicabilidad de la FSIA al caso, enfatizando que las acciones de YPF no están en EE.UU. y nunca participaron de una actividad comercial dentro de sus fronteras, puntos cruciales para la aplicación efectiva de esta ley.
Para agregar otra capa de complejidad, acusan a la jueza de forzar a Argentina a actuar en contra de su propia legislación, la cual desde 2012 impone la necesidad de una aprobación legislativa para cualquier transferencia de acciones, mientras desafía también el derecho internacional al desobedecer el principio de cortesía y la doctrina del acto de Estado.
Con el plazo para que los demandantes presenten argumentos escritos programado para concluir el 14 de noviembre y un periodo para contestaciones que finaliza el 12 de diciembre, las semanas venideras prometen ser de intensa actividad judicial.
Al mismo tiempo, en una audiencia clave sobre la expropiación de 2012, se espera que un panel de tres jueces revise todos los méritos presentados tanto por los dirigentes argentinos, YPF, y los fondos demandantes a fines de octubre, estableciendo un precedente legal crítico.