2025-09-26

AVANZA LA INVESTIGACIÓN

Causa por fentanilo contaminado: prisión preventiva y embargo récord para García Furfaro

Cinco meses después de que estallara el escándalo por las muertes vinculadas a fentanilo contaminado, la Justicia Federal avanzó con definiciones clave en la causa.

El pasado mes de septiembre, explotó un masivo escándalo sanitario en Argentina debido a la adulteración de fentanilo. La responsabilidad cayó sobre la empresa fundada por el empresario Ariel García Furfaro, HLB Pharma. La justicia se ha pronunciado con firmeza, involucrando a la cúspide de las autoridades empresariales de HLB y la firma vinculada, Ramallo Labs.

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La Justicia Federal, bajo el liderazgo del juez Ernesto Kreplak, ha enviado una dura señal al sistema farmacéutico argentino al dictar procesamiento con prisión preventiva para García Furfaro. Estas medidas no solo lo sitúan a él en el centro del escándalo, sino que también impactan a su familia y a otros altos directivos de las compañías mencionadas. Se ha impuesto un excepcional embargo de hasta un billón de pesos, cuyo fin es asegurar el pago de futuras indemnizaciones para las víctimas afectadas. 

La investigación ha sido laboriosa, apuntando a un gran número de individuos involucrados en esta red de distribuciones adulteradas. Se trata de más de 300.000 ampollas de fentanilo contaminado, las cuales, desafortunadamente, han causado la muerte de 96 personas y dejado secuelas en al menos otras 30 de forma irremediable.

Según lo dispuesto en el fallo divulgado por el juez Kreplak, la culpabilidad de García Furfaro se fundamenta en su papel como coautor penalmente responsable de la peligrosidad intrínseca de las sustancias adulteradas distribuidas, y que resultó en las trágicas muertes de al menos 20 de estas personas.

La firmeza del juez se ha hecho evidente también en sus decisiones en torno a los implicados cercanos a García Furfaro: su hermano Diego y la madre de ambos, Nilda, han recibido resoluciones similares con prisión preventiva y embargos por cifras que alcanzan los 500.000 millones de pesos cada uno. Esta suma, propia de un caso de gran magnitud jurídica, intenta prever las compensaciones a las que eventualmente se enfrentarán.

Por otro lado, el hermano menor, Damián, obtuvo una falta de mérito para su caso, otorgándole la libertad condicional supeditada a ciertas restricciones como la prohibición de abandonar el país y obligaciones periódicas ante la Policía Federal de Argentina.

En esta ardua batalla legal, varios exdirigentes técnicos y administradores de las firmas también recibieron procesamientos. Javier Tchukrán, pieza clave en maniobras operativas de manufactura, así como otros miembros de enlace técnico como José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi, enfrentan restricciones comparables aunque de menor alcance económico. Mientras tanto, otras figuras directivas como Horacio Tallarico y Víctor Boccaccio enfrentan todavía procesos para esclarecer cualquier tipo de implicación.

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