Pidieron 12 años de prisión para un sujeto declarado culpable por abuso sexual
Durante una audiencia realizada en los últimos, la fiscal Paula De Luque de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Viedma solicitó que se imponga una pena de 12 años de prisión a un hombre que ya había sido declarado culpable por el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal, en calidad de encargado de la guarda y en perjuicio de una menor de edad.
El tribunal interviniente a cargo de Ignacio Gandolfi , Marcelo Alvarez y Carlos Reussi había dictado, por unanimidad, el veredicto de culpabilidad tras un debate oral que se extendió durante tres jornadas. La imputación incluyó circunstancias agravantes vinculadas a la relación de pareja que el acusado mantenía con la madre de la víctima y a la situación de convivencia en la que ocurrieron los hechos.
La audiencia de cesura desarrollada en el edificio de los tribunales de la capital rionegrina comenzó con el relato de la víctima para dar lugar a continuación el desarrollo de los alegatos.
La fiscalía una vez finalizada la producción de prueba a su turno expuso la consideración de atenuantes, como la inexistencia de antecedentes, conducta laboral y nivel educativo limitado del imputado. Hizo luego lo propio con los agravantes, estos son el vínculo de padrastro con la víctima, la diferencia de edad con la víctima, la violencia de género, la violencia física, la duración de los hechos, la regularidad y modo humillante de las conductas, así como la extensión del daño causado.
De Luque subrayó que los hechos se desarrollaron en un contexto de vulnerabilidad de la víctima, aprovechando la ausencia de su madre y la confianza depositada en el imputado como proveedor y figura paterna.
También se destacó que las conductas desplegadas afectaron de manera profunda la vida cotidiana y el desarrollo emocional de la niña, conforme a lo informado por las profesionales forenses y los testigos que intervinieron en el juicio. Aseveración que fue respaldada por el testimonio de la víctima, testigos y pericias forenses que evidenciaron un trastorno de estrés postraumático, indicó la fiscal del caso.
En base a la valoración de atenuantes y agravantes, y considerando el quantum de pena previsto por la normativa aplicable, la Fiscalía solicitó la imposición de doce años de prisión, junto con las accesorias legales y costas del proceso, como medida adecuada y proporcional a la gravedad de los hechos.
Asimismo, el Ministerio Público destacó el rol de la escuela secundaria a la que asistía la adolescente, ámbito en el que en octubre del año pasado pudo manifestar por primera vez la situación de violencia que atravesaba.
Por su parte, la defensa ejercida por un abogado del foro local solicitó una pena de ocho años de prisión, y de acuerdo a los términos de la audiencia, ahora será el tribunal el que determine la condena a imponer. La sentencia que dará a conocer en los próximos días, según se supo.