CASACIÓN
Citan a la defensa de Cristina Kirchner y los fiscales por el cálculo del decomiso
La situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner continúa generando interés y controversia. Después de ser condenada por el Tribunal Oral Federal Nro. 2 a seis años de prisión en la conocida causa Vialidad, un nuevo capítulo se abre en el caso.
La Cámara Federal de Casación Penal ha convocado a una audiencia crucial para el próximo 11 de septiembre. Esta cita busca dilucidar los cuestionamientos en torno al cálculo para el decomiso de bienes por 530 millones de dólares, un tópico que ha estado bajo el ojo público tras la apelación presentada por su defensa.
El contexto se complica dada la insistencia de la defensa de Kirchner en que el Tribunal Oral Federal 2, que emitió la condena, carece de competencias para llevar a cabo el decomiso de los bienes personales de la exmandataria.
En una primera instancia, este argumento fue llevado ante los tribunales pertinentes, aduciendo que la jurisdiction para proceder con un decomiso recae en jueces del ámbito civil y comercial. Sin embargo, esta noción fue refutada por los magistrados a cargo, reafirmando su derecho a proceder después de la confirmación por parte de la Corte Suprema.
En sus argumentos, los jueces insistieron en que, al estar vinculada la cuestión de decomisos con delitos de corrupción, la función del mismo es restablecer el daño ocasionado a la sociedad, recolectando activos que hayan sido malversados. En esta línea, los fiscales asignados, Diego Luciano y Sergio Mola, tienen la tarea de identificar concretamente qué bienes podrán ser objeto del procedimiento conforme a alcanzar la relevante cifra mencionada.
El juez civil y comercial federal Marcelo Bruno Dos Santos había sido un actor importante dentro de este panorama, anteriormente fallando en favor de la defensa de Kirchner al declarar la caducidad de una instancia ante la inactividad estatal. Este enfoque generó un debate intrínseco sobre cuál es el juzgado competente que debería involucrarse directamente en el decomiso de bienes de naturaleza privada.
A medida que el avance del caso se hace efectivo, la expectativa depositada en la audiencia de septiembre es elevada. Se debatirá la actualización del monto de confiscación originalmente establecido en 2022 y la dirección que tomará el proceso judicial en consecuencia.