Guerra Labayén: "Le puse toda la dedicación, hasta límites obsesivos"

Ayer comenzó el jury contra el juez laboral Gustavo Guerra Labayén, a quien se lo acusa de mal desempeño por un atraso laboral en 25 causas tramitadas, entre marzo y diciembre de 2023, y por la pérdida de competencia en otras 8 causas, entre marzo de 2023 y febrero de 2024.

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Previo a la instancia de testigos, que estuvo contabilizado en un total de 19 y se achicó a 15, el magistrado hizo uso de la palabra. En primera instancia, repasó su trayectoria laboral y dijo que "la carrera judicial y en particular el ejercicio de la magistratura ha sido un aspecto central en mi vida, al punto de que nunca pensé que podría haberme dedicado a otra cosa". 

En su alocución mencionó que su carrera comenzó hace 31 años. En 1994, cuando tenía 24 años, fue abogado referencista del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y luego destacó su historial de ascendencia: en 1996 fue ascendido a abogado relator, en 1999 fue designado secretario de la Cámara de Trabajo de Bariloche, en 2003 fue secretario laboral del Superior Tribunal y finalmente en 2015 fue designado como juez de la Cámara de Trabajo de Viedma.

Guerra Labayén indicó en esa línea: "Mi vocación y mi dedicación siempre han estado en esto. Esta circunstancia resulta impensada para mí, siempre asumí el ejercicio de la función de juez con el máximo compromiso ético y le puse toda la dedicación, hasta límites obsesivos".

Mientras leía un escrito hecho para la ocasión, prosiguió: "En el desempeño de mi tarea, prioricé siempre mi independencia de criterio y cada vez que no estuve de acuerdo con algo fundé mis disidencias o incluso mis opiniones concurrentes. En cada caso resolví con mi absoluta convicción y del modo que entendí que debía hacerlo".

Y fue más allá: "Trabajé mucho en decisiones interlocutorias, que son las que deciden aquellas cuestiones que se plantean a lo largo del proceso y que son muchas ante un tribunal colegiado de instancia única. Se emiten como pronunciamientos impersonales y todo esto está implicíto en lo que entiendo que es el compromiso ético con la función y con cada decisión que se toma. Por supuesto, habría querido hacerlo además dentro de los plazos institucionales, pero eso no siempre es posible". 

"La prueba que hemos producido sobre el funcionamiento de todos los tribunales del Trabajo y de todas las cámaras de apelaciones en lo civil, de la provincia, da cuenta elocuente de que eso es así. Los cargos que se me formulan no constituyen un hecho aislado ni único en el Poder Judicial de Río Negro", aclaró. 

Además, precisó: "Dos meses antes de que fuera suspendido, yo ya estaba completamente al día. Acá se hizo alusión al informe de la auditoria y en ese informe el auditor propuso un plan de recupero, que no se instrumentó en lo formal pero sí lo cumplí en los hechos. En lo personal, este es un punto de inflexión en mi vida, más allá de lo que pase, el Poder Judicial me ha dado mucho en todos estos años, pero yo también di lo mejor de mí". 

Sigue el juicio político

Ayer se inició el jury contra Gustavo Guerra Labayen, camarista laboral de Viedma. La investigación preliminar se centró principalmente en disfunciones vinculadas con demoras en la resolución de causas.

En el juicio, el Procurador General, Jorge Crespo, asumió el rol acusatorio. El Consejo estuvo conformado por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Criado; el juez Gustavo Bronzetti; los legisladores Marcelo Szczygol, Marcela González Abdala y Juan Sebastián Murillo Ongaro; y los representantes de la abogacía Maximiliano Mullally Bratulich, Candela Soledad Fanton y Luisina Paola Devia. La defensa del juez estuvo a cargo del abogado Fernando Chironi.

El Procurador lo acusó de mal desempeño de sus funciones en dos hechos distintos. El primero fue el incumplimiento de la obligación legal de expedirse en los plazos establecidos para dictar 25 sentencias definitivas en causas radicadas en la Cámara Laboral de Viedma, en las que debía emitir el primer voto. “Todas se encontraban con plazo vencido al momento de la inspección realizada en dicho tribunal por la Auditoría Judicial General”, subrayó. También le atribuyó la pérdida de jurisdicción en ocho de ellas “por vencimiento del plazo legal para fallar”.

Crespo enmarcó la acusación en los artículos 199 (inc. a) y 200 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, y en los artículos 23 (inc. a) y 24 (inc. b y c) de la Ley K Nº 2434 del Consejo de la Magistratura.

Resaltó en la requisitoria que el magistrado, en su descargo, realizó un expreso reconocimiento de ambos hechos. Añadió que la actitud adoptada "evidenció una insuficiente actividad, falta de empeño, desgano, indiferencia, insensibilidad y una actitud pasiva, impropia de un funcionario que debía afrontar con mayor seriedad su obligación de cumplir con los plazos legales para dictar sentencia".

“Estamos claramente frente a una disfuncionalidad en el ejercicio de sus atribuciones como juez de Cámara. Más allá de generar perjuicios graves hacia los justiciables por las dilaciones innecesarias en la resolución de los conflictos, expone una imagen disvaliosa del Poder Judicial ante la sociedad en su conjunto”, sostuvo.

Ayer declararon 15 testigos, entre magistrados, funcionarios, empleados del Poder Judicial y abogados particulares.

El juicio finalizará hoy viernes 5, con los alegatos de las partes.