Un condenado de Viedma sigue con tobillera electrónica por mala conducta
La titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 8 de Viedma, Shirley González, tiene a su cargo el caso de un conflictivo sujeto y que afronta una situación de consumos problemáticos, y tiene en vilo a su familia. Justamente está condenado por violencia familiar.
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Días atrás, en los tribunales de esta capital, la magistrada escuchó en audiencia los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público Fiscal (MPF) a fin de que se mantenga la colocación de un dispositivo de control satelital por el plazo de tres meses, hasta el 30 de noviembre próximo.
El fiscal Francisco Marano fundó su solicitud ante reiterados incumplimientos por parte del condenado que motivaron llamados de atención, estuvo al borde de que revoquen su condicionalidad de la pena, inasistencias a audiencias y el reciente inicio del tratamiento ante el organismo de tratamiento de consumos problemáticos Apasa, con tres asistencias acreditadas en junio y julio, respectivamente.
La parte acusadora incluyó en su informe los problemas que acarrean sus familiares vinculados al temor y cansancio que sienten respecto del accionar de este sujeto, haciendo mención a la tramitación de un nuevo legajo de investigación ante el MPF por desobediencia judicial, por incumplir medidas impuestas respecto a otra ex pareja y la denuncia por violencia familiar formulada por la madre del condenado.
Si bien la defensa ejercida por Carolina Llano se opuso a nuevas sanciones tomando en cuenta el respeto a pautas de conducta, González hizo lugar al pedido de Marano para que se mantenga la tobillera por el plazo de tres meses hasta el 30 de noviembre inclusive, a cuyo vencimiento se evaluará la continuidad de la medida.
Se evaluarán por entonces el comportamiento en relación a registros de acercamiento a la víctima, la demora en iniciar el tratamiento psicológico ordenado, la reciente reanudación, la propuesta formulada por la Oficina de Atención a las Víctimas (Ofavi) en relación a la necesidad de continuar con el monitoreo y sus fundamentos, y las manifestaciones de las víctimas.
De acuerdo a lo que pudo saber NoticiasNet de fuentes judiciales, este hombre empezó tarde el tratamiento y tiene otra causa iniciada pero no con la actual víctima del legajo de González, tiene problemas de consumo y está vigilado por la Justicia ante hechos de violencia, aunque nunca le dieron prisión efectiva en el marco de un juicio abreviado.
Las fuentes agregaron que frente a esta responsabilidad desde el punto de vista judicial, para controlar que no se acerque a la víctima, se decidió extender el dispositivo que controla la Unidad de Arresto por Monitoreo Electrónico (Uadme).