EN COMISIÓN
Respaldo mayoritario para que Ortiz y Suárez integren el Tribunal de Cuentas de la provincia
En un paso significativo para el fortalecimiento de las instituciones de control en Río Negro, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Legislatura ha dado su aprobación a la designación de dos nuevos vocales para el Tribunal de Cuentas.
Este martes, fue confirmado el respaldo mayoritario para que el doctor Julio Fernando Ortiz y el contador Maximiliano Felipe Suárez se sumen al órgano encargado de la fiscalización de los recursos públicos de la provincia.
La propuesta, que ha sido emitida por el Poder Ejecutivo, recibió el aval de los bloques mayoritarios en la Legislatura, incluyendo a Juntos Somos Río Negro, Unión Cívica Radical y CC ARI-Cambiemos. Este respaldo es visto como un reflejo del compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en la provincia.
Sin embargo, no todos los bloques han definido aún su posición. Partidos como Vamos con Todos, PRO-Unión Republicana, y PJ-Nuevo Encuentro han solicitado un plazo adicional de 48 horas para poder revisar detalladamente los currículums de los designados antes de expresar su postura definitiva. Consideran que el tiempo inicial otorgado era insuficiente para evaluar adecuadamente a los candidatos al importante rol.
El Tribunal de Cuentas desempeña un papel crucial en la supervisión del uso de los fondos públicos en la provincia, actuando no solo dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, sino también extendiendo su alcance a los organismos descentralizados, las empresas estatales, las sociedades con participación estatal, y a todos aquellos beneficiarios de aportes provinciales. A través de su labor, el Tribunal busca garantizar que cada recurso sea utilizado correctamente, evitando desvíos que puedan afectar a los ciudadanos rionegrinos.
Además de su función preventiva, esta entidad posee capacidades investigativas ante la sospecha de irregularidades. El Tribunal de Cuentas tiene la autoridad de promover, en caso necesario, juicios de cuentas o de responsabilidad contra los funcionarios, incluso si estos han dejado su cargo.