Sumaron acciones en Viedma para garantizar los derechos de la niñez con síndrome de Down
El edificio de la Legislatura de Río Negro fue sede días atrás de un nuevo encuentro interinstitucional enfocado en promover y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down. La actividad contó con la participación de representantes de distintos organismos públicos, siendo presidido por la defensora del Pueblo, Adriana Santagati, quien valoró el espacio de diálogo y planificación conjunta.
Durante la reunión se retomaron inquietudes surgidas en un primer encuentro con el objetivo de profundizar en acciones concretas y coordinar estrategias interinstitucionales. Uno de los temas principales fue el desempeño de los maestros de apoyo a la inclusión y la necesidad de clarificar sus funciones y el público destinatario de su tarea.
“Las problemáticas son multidimensionales y complejas” explicó Santagati. En ese marco, abordaron el rol de los Equipos Técnicos de Apoyo Pedagógico (ETAP) y el monitoreo que realiza el Ministerio de Educación sobre sus políticas de inclusión.
Además, puso sobre la mesa la necesidad de contar con un diagnóstico claro de cuántos estudiantes con síndrome de Down están incluidos actualmente en el sistema educativo. En este sentido, la Defensora indicó que los datos deben ser contrastados entre el área de discapacidad, que se basa en los Certificados Únicos de Discapacidad, y el sistema educativo.
Otro punto central del debate fue la necesidad de fortalecer la formación docente y revisar los programas de capacitación existentes. En este sentido, las familias también hicieron llegar su preocupación por la falta de una guía que oriente su participación en el proceso de inclusión educativa. “Muchas familias manifestaron que no saben qué tienen que hacer, y entonces se empiezan a vincular entre ellas”, relató.
Santagati destacó la metodología de trabajo de estas reuniones, donde se ponen temas concretos en discusión y se promueve la participación activa de las familias. “Lo importante es conocer los resultados y tener a las familias que cuenten cuál es su propia experiencia. Es sumamente rico para ver dónde hay que generar algunas medidas correctivas”, subrayó.
Según explicó la defensora, ya se realizaron dos encuentros y una reunión intermedia con la ministra de Educación y el equipo directivo de inclusión educativa. El plan es continuar con una reunión mensual, con la participación activa de los organismos involucrados.
"El objetivo final es mejorar las políticas de inclusión. Yo entiendo que esto va a tener impacto sobre otras personas con otras discapacidades. Es una tarea ardua, silenciosa y sostenida", concluyó.