Control judicial sobre un ex policía de Viedma que fue condenado por pedir coimas
El Juzgado de Ejecución Penal N°8 de Viedma, a cargo de Shirley González, dio por finalizado el control de los tribunales capitalinos sobre un ex policía condenado en 2023 por cohecho; es decir, por pedir dádivas o coimas.
En ese ámbito, se resolvió días atrás cerrar el período de control sobre el ex policía, condenado a un año de prisión en suspenso en junio de 2023, luego de haber sido hallado coautor del delito de cohecho pasivo.
La decisión se tomó en base al cumplimiento de las reglas de conducta que se le habían impuesto por el término de dos años, en el marco de lo establecido por el artículo 27 bis del Código Penal.
El fallo reconoce que el imputado respetó los compromisos asumidos, según lo informado por el Instituto de Asistencia de Presos y Liberados (IAPL), organismo que supervisó su evolución durante este tiempo.
El ex funcionario policial había sido condenado por aceptar dádivas en ejercicio de sus funciones. Además de la pena de prisión condicional, se le impuso una inhabilitación perpetua para desempeñarse en tareas de seguridad, sanción que continuará vigente hasta sus últimos días.
Durante el período de control, debía cumplir con una serie de reglas de conducta orientadas a la reinserción y prevención, como fijar residencia, mantener contacto con el Instituto de Presos y Liberados y cumplir con los lineamientos judiciales. El cumplimiento fue considerado satisfactorio tanto por la jueza como por el fiscal interviniente, quien dictaminó el cierre favorable del expediente.
En su resolución, la jueza recordó que estas medidas tienen como objetivo no sólo evitar la reincidencia, sino también brindar herramientas para una reinserción social responsable, tal como lo establece la normativa nacional e internacional en materia de ejecución penal.
No obstante, dejó en claro que la condena no desaparece, y que la inhabilitación especial para ejercer como policía en el área de seguridad sigue vigente, tal como fue establecida en la sentencia y ratificada en una resolución posterior dictada en febrero de este año.
El cohecho, también conocido como soborno, es un delito que involucra la solicitud, ofrecimiento o aceptación de dádivas o beneficios por parte de un funcionario público a cambio de realizar o no realizar un acto propio de sus funciones. En esencia, es un acto de corrupción que afecta la integridad y transparencia de la administración pública. Pocas veces logra demostrarse satisfactoriamente, pero en este caso hubo pruebas de sobra y se logró una condena.