A 17 años del asesinato de Atahualpa Martínez: una causa impune y un reclamo que en Viedma no cesa
Este domingo 15 de junio se cumplen 17 años del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya, el joven viedmense de 19 años que fue encontrado muerto con un disparo por la espalda, a metros de una estación transformadora de energía, tras haber salido a un boliche en la noche anterior. La fecha vuelve a coincidir con un Día del Padre, tal como en 2008, cuando un vecino encontró su cuerpo arrojado en un descampado.
A casi dos décadas del hecho, la causa permanece impune. Pese a las movilizaciones, las investigaciones judiciales, dos juicios orales y la creación de una Comisión Investigadora en la Legislatura de Río Negro, nadie fue condenado. La frase que se repite desde entonces sigue vigente: hay un asesino suelto en Viedma.
Durante años, la lucha por justicia tuvo como principal referente a Julieta Vinaya, madre de Atahualpa, quien impulsó el esclarecimiento del crimen desde todos los frentes posibles. Recorrió el país, interpuso denuncias y exigió que no se cerrara el expediente. Julieta falleció en 2018, sin conocer la verdad. “Murió sin claudicar. Sus huellas siguen vibrando”, señaló Ricardo Vinaya, su hermano, en una de las tantas conmemoraciones.
El crimen de Atahualpa fue investigado desde sus inicios con múltiples irregularidades. La actuación de la entonces fiscal Daniela Zágari fue objeto de un juicio político, que derivó en su suspensión por mal desempeño. El manejo de la escena del hallazgo del cuerpo, las demoras en peritar pruebas clave como una campera con sangre, y la falta de resguardo de elementos que pudieran contener ADN, fueron parte de los errores señalados por la querella y por la Comisión Legislativa.
En 2014, tres personas -Carlos Morales Toledo, Felipe Carrasco y Belén Fernández Barrientos- fueron llevadas a juicio pero resultaron absueltas por falta de pruebas. Ese fallo fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia y se realizó un segundo juicio en 2019. Allí, nuevamente, los imputados fueron absueltos y se pidió que se investigue a Leandro “Leo” Mildenberger, mencionado por varios testigos. Sin embargo, tiempo después, la causa fue archivada. No se hallaron nuevos elementos que lo vincularan y se perdió la posibilidad de realizar pruebas fundamentales. El delito fue considerado prescripto, salvo que surja una confesión.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó en abril de este año el último intento por reabrir el expediente. De esta manera, la causa quedó cerrada en todas las instancias judiciales y el asesinato de Atahualpa quedó oficialmente impune.
En estos 17 años, el caso movilizó a amplios sectores sociales, a la comunidad educativa del CEM 18, al que asistía Atahualpa, a familiares, amigos, y a organizaciones que reclamaron justicia. También provocó cuestionamientos al sistema judicial y al accionar de fuerzas de seguridad, señalados como responsables de una investigación fallida desde el inicio.
A pesar del paso del tiempo, la memoria de Atahualpa permanece activa. Este nuevo aniversario, que coincide con el Día del Padre, vuelve a poner en evidencia una herida abierta en la comunidad viedmense: la de un crimen sin justicia y una madre que murió luchando por la verdad.