Tras siete años de lucha, la Justicia dispuso devolver una vivienda a su dueño en Viedma
Un hombre logró recuperar una vivienda ubicada en el barrio Lavalle, de Viedma, luego de una orden de desalojo y de varios años de lucha. Su odisea comenzó en 2018, y luego de intentar recuperarla en buenos términos, tomó estado judicial.
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El titular del inmueble la había adquirido con su padre, pero como no vivía en la capital rionegrina, se la dio a su abuela para que la ocupe. La señora la tuvo casi un año, hasta que en junio de 2019 decidió alquilarla, de acuerdo a lo que quedó plasmado durante una presentación ante el Juzgado Civil Nº 3 de esta ciudad.
El hombre con el que celebró dicho pacto apenas le pagó un mes y medio, y luego se desentendió. Luego de varios reclamos, a principio de 2021 pudo recuperarla. Sin embargo, en abril de ese año, una vez más la casa fue ocupada de manera ilegal. Pese a la intimación a través de una carta documento, no logró que el ocupa se vaya.
Finalmente, en julio de 2023 inició una demanda de desalojo, y aquí comenzó una nueva novela. Cuando fueron en primera instancia, el demandado ya no vivía ahí, pero sí su expareja con tres menores. Cuando le consultaron, dijo que la estaba alquilando. Ante la consulta sobre los pagos, manifestó que su ex se encargaba de abonar el alquiler.
Finalmente, en septiembre de 2023, quien debía pagar el alquiler y nunca lo hizo, fue declarado ‘rebelde en juicio’. A la par, se involucra la Defensora de Menores e Incapaces en turno, quien comparece y asume la representación de los tres niños que residían en dicho inmueble. Allí, solicita que se requiera la intervención de los organismos asistenciales que correspondan y elaboren un informe de la situación de los menores de edad involucrados.
Esto generó un juicio en el que, entre otras pruebas, se presentó una escritura a nombre del demandante. Además, el demandado nunca celebró un contrato de alquiler, ni pudo acreditar tenencia de la propiedad. Ante esto, el juez Leandro Javier Oyola le dio curso al desalojo, que debe realizarse en un plazo de 60 días a partir de la notificación. De no llevarse adelante, se realizará por la fuerza pública.
Por otra parte, libró oficios a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), al Ministerio de Desarrollo Social, y de la Secretaría de Desarrollo e Integración social del municipio de Viedma a fin de que se arbitren las medidas necesarias y concretas para resguardar los derechos que asisten a los niños involucrados en el presente trámite.