Ordenaron a Ambiente intervenir por posible contaminación en Río Negro
La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro deberá intervenir en un caso de posible contaminación ambiental en San Antonio Oeste, según lo dispuso el juez del Superior Tribunal de Justicia (STJi, Ricardo Apcarián. La decisión surgió a raíz de un amparo ambiental presentado por el Defensor General, que alertó sobre el presunto uso de tierra contaminada en obras públicas locales.
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El fallo de Apcarián respaldó un acuerdo previo alcanzado entre las partes en una reunión llevada a cabo en el Concejo Deliberante de SAO. Además, el juez intimó al Municipio de San Antonio Oeste a cumplir de forma estricta con una medida cautelar vigente desde el 30 de abril, que prohíbe el movimiento o traslado de tierra de zonas contaminadas sin autorización judicial. En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones correspondientes.
La denuncia original se centró en el presunto traslado de material con metales pesados desde un área clausurada, conocida como “La Estanciera”, hacia la calle Torello, entre Belgrano y Tierra del Fuego. La Municipalidad sanantoniense reconoció que parte del suelo fue extraído sin autorización del sitio señalado como contaminado y que se depositaron montículos de tierra en la zona urbana.
En la reunión del 9 de mayo, con la participación de autoridades municipales y provinciales, gremios, vecinos y la Multisectorial, se consensuó una propuesta para mitigar el riesgo ambiental. El acuerdo incluye la restitución del material extraído a su lugar de origen, una iniciativa propuesta por la Multisectorial y aceptada por el Municipio. Tanto la defensa pública como la comuna acordaron la necesidad de la supervisión activa de la Secretaría de Ambiente.
En este marco, el juez del STJ encomendó a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial la elaboración, en un plazo de diez días, de un cronograma de tareas para prevenir o mitigar los efectos de la posible contaminación y controlar la exposición de la población. Una vez aprobado, este plan deberá ser fiscalizado por el organismo, que también deberá informar al juzgado sobre los resultados.
Ricardo Apcarián actuó en este caso como juez de amparo, una función que le permite resolver de forma rápida cuestiones urgentes relacionadas con derechos constitucionales, sin representar al pleno del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.