Embargo millonario a transportista por incumplimiento con el Estado de Río Negro
La Provincia de Río Negro presentó una demanda de ejecución fiscal ante la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativo Nº 13 de Viedma, a cargo de Julian Fernandez Eguía, contra un transportista escolar contratado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro.
El motivo, se origina en los incumplimientos contractuales vinculados a un servicio escolar en Fernández Oro, aunque la empresa tiene domicilio en General Roca. La contratación, que ascendía a más de 102 millones de pesos, estaba destinada a cubrir varios renglones del servicio escolar y fue aprobada mediante la Resolución N° 721/2023 de la cartera educativa hace dos años atrás.
La acción judicial, encabezada por la Fiscalía de Estado, solicitó al magistrado que ordene la ejecución de un pagaré fechado el 28 de abril de 2023, en el marco del expediente administrativo. También solicitó el embargo de cuentas bancarias del demandado, a través de un oficio al Banco Central de la República Argentina (BCRA), hasta cubrir la suma reclamada, incluyendo intereses y gastos del proceso.
No obstante, a pocos meses de firmado el acuerdo, se detectaron múltiples incumplimientos, lo que motivó intimaciones formales y, ante la falta de respuesta, la rescisión definitiva del contrato mediante la Resolución N° 2005/2023, firmada el 25 de septiembre del año pasado. Esta decisión incluyó también la orden de ejecutar la garantía de cumplimiento contractual, la cual estaba instrumentada mediante un pagaré por el 10% del valor del contrato.
Como parte del procedimiento, la Fiscalía pidió la apertura de una cuenta judicial en Viedma, donde se depositarán los fondos embargados, en tanto trascendió que el 3 de junio de 2024, el juez emitió una sentencia monitoria que autorizó el embargo de fondos del demandado en cuentas bancarias, títulos de crédito y otros activos financieros, hasta cubrir casi 17 millones de pesos incluyendo capital, intereses, honorarios y gastos judiciales.
Además, el 20 de mayo de 2025, se amplió la medida cautelar con la inhibición general de bienes del empresario, en tanto que desde el juzgado se ordenó el libramiento de oficios a los registros de la Propiedad Inmueble, de Créditos Prendarios y del Automotor, a fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución.
La Provincia respaldó su reclamo con documentación administrativa y legal, incluyendo las resoluciones oficiales, el contrato original y las notificaciones de incumplimiento, y la acción busca recuperar fondos públicos por servicios que, según el expediente, no fueron prestados conforme a lo pactado.