Tirón de orejas para un condenado de Viedma
Debido a las dificultades laborales expuestas por un condenado por "encubrimiento" y su defensa, el Juzgado de Ejecución Penal Nº 8 de Viedma, a cargo de Shirley González, propuso cambiar las 100 horas de trabajo comunitario por una contribución económica a la cooperadora del Hospital Zatti.
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La resolución se dio a conocer en el marco de una sesión que se desarrolló a través del sistema de videoconferencia "Zoom", con la presencia del condenado, su abogada defensora, Marta Ghianni, y el fiscal adjunto del Ministerio Público, Pablo Peralta.
Durante la audiencia, se abordaron las circunstancias que llevaron a la modificación de las pautas de conducta del condenado, quien presentó los motivos por los cuales cambió su domicilio, indicando que actualmente reside en Viedma, aunque también pasa tiempo trabajando en un campo. El condenado argumentó que sus cambios de domicilio fueron necesarios por razones laborales y para cumplir con las pautas impuestas por el Juzgado.
Peralta expresó preocupación por los reiterados cambios de domicilio y solicitó un severo llamado de atención al condenado, así como la autorización para modificar la obligación de realizar 100 horas de trabajo comunitario a cambio de un pago a la Cooperadora del Hospital Zatti. Esta última propuesta fue finalmente aceptada por el Juzgado, que decidió transformar la obligación de trabajo en un pago de pesos, en cuotas mensuales hasta julio de 2025.
En este marco, la magistrada hizo lugar a la solicitud efectuada por el Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, realizó un severo llamado de atención al condenado por incumplir las pautas de conducta oportunamente impuestas mediante sentencia de fecha 23 de agosto 2023, dictada por el Foro de Jueces de la 1º Circunscripción Judicial en especial: "Fijación de domicilio y supervisión de IAPL", "Realización de 100 horas de trabajo comunitario" y "Adoptar oficio, arte, industria o profesión adecuado a su capacidad", instándolo a dar estricto cumplimiento a las pautas de conducta impuestas bajo apercibimiento de extender el plazo de cumplimiento de las pautas de conducta impuestas y/o revocar la condicionalidad de la condena por los argumentos esgrimidos en el marco de la presente audiencia.
Asimismo, la jueza resolvió que el condenado deberá coordinar su supervisión con el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL) dentro de un plazo de 48 horas, contados a partir de la resolución, ofreciendo la información de contacto necesaria para facilitar este seguimiento. También se requirió a las partes involucradas que informen sobre la cuenta correspondiente para realizar los pagos de reparación económica establecidos en las pautas de conducta.
El Juzgado, además, dejó en claro que el incumplimiento de estas pautas puede acarrear consecuencias más severas, incluyendo la posibilidad de revocar la condicionalidad de la condena. Tras lo expuesto, se informó que se procederá a registrar y notificar a todas las partes implicadas en este caso, que continúa siendo objeto de seguimiento por parte del sistema judicial local.