VENCE EL CONGELAMIENTO DE LAS DIETAS
Los senadores podrían ganar casi $9 millones a partir de abril
Una vez más, el tema de las dietas de los senadores y diputados argentinos está en discusión mientras se acerca el final de marzo, plazo en el que termina el congelamiento de sus sueldos. La situación genera polémica, particularmente porque los senadores podrían recibir ingresos cercanos a los 9 millones de pesos si no se realiza otra prórroga del congelamiento dispuesto durante el receso. Esta circunstancia se ve agravada por las tensiones entre los empleados del Congreso que sienten el impacto del ajuste económico.
El origen de este conflicto se remonta a abril del año pasado cuando senadores de distintos partidos acordaron modificar el mecanismo que actualiza sus ingresos, desvinculando sus aumentos de las paritarias generales. En aquel momento, aprobaron una suerte de 'aguinaldo' y una nueva fórmula de cálculo para sus dietas, compuesta por 2500 módulos y otro tanto por gastos de representación y desarraigo.
La fórmula aprobada por los senadores ha generado importantes aumentos en sus ingresos pese a que se aplicó un congelamiento temporal. Este congelamiento, establecido debido a las críticas públicas y bajo la presión de la vicepresidenta Victoria Villarruel, aseguraba mantener las dietas en $4,570,488 para los senadores sin gastos adicionales y hasta 7,520,677 pesos para aquellos que perciben desarraigo y representación. Sin embargo, con la pronta llegada de abril, las restricciones vencen y no hay señales claras de que se mantendrán.
En una nota personal, el senador Luis Juez, ha pedido a Villarruel que mantenga su sueldo congelado, demostrando que el tema divide el aparente consenso político del Frente PRO. Alternativas propuestas incluyen mantener el actual valor de los módulos y esperar a futuras negociaciones paritarias para cualquier actualización de los ingresos, evitando así aumentos retroactivos que llevarían las dietas cercanas a los 9 millones.
Este tema afecta profundamente a los empleados parlamentarios que desde finales de 2024 no reciben subas significativas, al punto de que su poder adquisitivo es un 65% inferior que el Presupuesto del índice general de precios al consumidor (IPC). La expectativa es que el próximo aumento negociado pueda amortiguar parte del impacto.