La Defensoría del Pueblo de Río Negro y una radiografía de temas preocupantes
La defensora del Pueblo de la Provincia de Río Negro, Adriana Santagati, volvió a rendir cuentas ante la Legislatura rionegrina al entregar el informe anual que contiene el trabajo realizado durante el período comprendido entre el uno de noviembre de 2023 y el 31 de octubre de 2024.
El balance abarca la gestión de quejas, actuaciones de oficio, participación en audiencias públicas, monitoreos institucionales y la producción de indicadores estadísticos. “Estas acciones permiten identificar problemas que requieren soluciones por parte de la administración, contribuyendo a prevenir retrocesos en materia de derechos”, apuntó en el mensaje que acompaña las descripciones en 191 páginas destinadas a describir y profundizar en las principales temáticas que orientaron el trabajo durante el mencionado periodo.
En los diferentes capítulos se abordan cuestiones relacionadas con la salud, así como temas vinculados a consumidores, servicios públicos de electricidad, gas y agua, y educación; entre los más relevantes sobre las quejas recibidas y el acompañamiento a la ciudadanía, iniciando el recuento con el aspecto de salud pública.
Al respecto, sostiene que durante este periodo, el 19% de los trámites correspondió al sistema de salud pública provincial. El 34% de ellos estuvo relacionado con demoras en la provisión de medicamentos para enfermedades crónicas y oncológicas; el 29% estuvo vinculado con retrasos en la entrega de prótesis y material quirúrgico; y el 17,4% se debió a demoras en derivaciones y asignación de turnos para cirugías.
El número de reclamos en este sector se mantuvo respecto al periodo anterior aunque se observó un aumento de pedidos de intervención relacionados con el programa Federal Incluir Salud. En este sentido, se mantuvo una comunicación fluida con la UGP Provincial en todos los casos, constatándose la falta de derivación de recursos a la provincia por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entidad responsable de garantizar los servicios de salud para personas con discapacidad.
En cuanto a la provisión de medicamentos crónicos, se verificó que la falta de previsión mínima de stock ocasionó graves inconvenientes a los pacientes que aguardaban el inicio o la continuidad de sus tratamientos médicos de media o larga duración.
Los reclamos vinculados a la temática de consumidores incluyeron múltiples tipos de quejas, entre las cuales la mayor parte 38,1%, fue por cuestiones bancarias o problemas con financieras. Dentro de estas cuestiones, el 22,7% de las quejas fue por problemas con bancos; 10,5% por problemas con otras instituciones financieras y 4,8% con entidades.
Un 33,1% de los trámites fue por inconvenientes relacionados con compras de productos y servicios: las demoras en la entrega, la entrega de productos equivocados o dañados, y la falta de entrega de productos fueron los problemas más frecuentes. Muchas de estas quejas de defensa del consumidor se relacionan con compras realizadas a través de Internet
Desde la defensoría se ha intervenido preventivamente solicitando prudencia a la Secretaría de Energía de la Nación, a la hora de determinar las tarifas, advirtiendo que las medidas fueron dispuestas sin gradualidad alguna, ni correlación con la situación económica de los usuarios.
Asimismo, resaltó la necesidad de adecuación de la política tarifaria, así como el criterio de oportunidad adoptado, en tanto que el impacto de las medidas tendría lugar en la época de mayor demanda de la zona patagónica, afectando aún más a la economía regional.
En relación al monitoreo de 98 edificios escolares en el inicio del ciclo lectivo por parte de este organismo de control, Santagati trazó como panorama que el uso de las instalaciones sanitarias es intensivo, y por lo tanto se hace necesario un mantenimiento más frecuente.