Una vecina de Viedma con una jubilación polémica: el privilegio que heredó de un expresidente
Amalia Guido es la única descendiente directa de un expresidente que percibe una jubilación de privilegio. En agosto, el haber bruto que recibió ascendió a $7.249.355, lo que equivale a más de 27 jubilaciones mínimas. En términos netos, este ingreso representó $6.821.247 mensuales, una cifra que alimenta la discusión sobre la vigencia de estos beneficios creados hace más de tres décadas.
El privilegio se remonta a la Ley 24.018, sancionada en 1991 durante la presidencia de Carlos Menem, que otorga haberes vitalicios a expresidentes, vicepresidentes y sus familiares. En el caso de Amalia, el beneficio fue inicialmente tramitado por su madre, Purificación Areal, tras la muerte de José María Guido en 1975. A la muerte de Areal, en 1999, el gobierno de Menem transfirió la pensión a su hija bajo el argumento de que "era soltera".
La Ley 24.018 establece que los presidentes perciban una jubilación equivalente al sueldo de un juez de la Corte Suprema de Justicia, mientras que las viudas e hijos menores o discapacitados reciben el 75% de ese monto. Sin embargo, su derogación parcial en 2002, vetada por el entonces presidente Eduardo Duhalde, dejó intactos los beneficios para los mandatarios y sus familiares.
El reciente anuncio del presidente Javier Milei de eliminar la jubilación de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner reavivó el debate sobre el alcance y la vigencia de este sistema. Actualmente, además de la expresidenta, otras 12 personas cobran haberes bajo esta modalidad, entre ellas exmandatarios, viudas e hijos de figuras políticas clave. El costo total mensual de estas pensiones ronda los $121 millones, según datos oficiales publicados en agosto por La Nación.
El nombre de Amalia Guido se integra a una lista de figuras destacadas como Alberto Fernández ($14,3 millones brutos mensuales), Mauricio Macri ($11,2 millones), y las viudas de Carlos Menem y Roberto Levingston, cuyas pensiones oscilan entre los $7 y $9 millones mensuales. Este sistema, que en su momento buscó garantizar la seguridad económica de quienes ocuparon las más altas magistraturas, hoy enfrenta cuestionamientos en un contexto de crisis económica y demandas de mayor equidad.
Para algunos, estas jubilaciones representan un resguardo legítimo para figuras que cumplieron roles de enorme responsabilidad. Para otros, son un anacronismo que perpetúa desigualdades. En cualquier caso, la historia de Amalia Guido, desde Viedma, pone un rostro humano y cercano a un debate que trasciende números y leyes.
Más allá de los fríos montos y normativas, esta discusión irrumpe en la agenda pública e invitan a reflexionar sobre cómo equilibrar el reconocimiento a la labor pública con las demandas de una sociedad que exige mayor transparencia y justicia.