Se hizo una denuncia por privación ilegítima de la libertad contra UNTER
Ayer sindicalistas de UNTER rompieron vidrios y empapelaron el frente del edificio del Consejo Provincial de Educación y de la sede central, en Viedma, en una violenta actitud que fue repudiada por el gobierno provincial.
El agravante mayor es que mantuvieron encerrados a los trabajadores del área, durante varias horas, tras una toma de los inmuebles.
En este sentido, se inició una causa contra los promotores de esta medida, por privación ilegítima de la libertad. Por el momento, desde Educación sólo se limitaron a emitir un comunicado de prensa de cuatro párrafos.
Según se supo, cerca de las 13 horas, Héctor Kucich, un funcionario de 36 años denunció que lo mantuvieron encerrado en su oficina del Ministerio de Educación, en la calle Roca 260.
Asimismo, en su carácter de representante de los empleados, también acusó que en el Consejo de la calle Álvaro Barros rompieron vidrios e impidieron que salgan a los oficinistas.
Se tuvieron que ir un poco más tarde lo habitual, por temor a un riesgo a la integridad física de los trabajadores.
Hay que remontarse a septiembre de 2016 para recordar un caso semejante. En esa oportunidad, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) hizo una ocupación de un edificio de Desarrollo Social, en la calle Las Heras de esta capital.
Retrotrayéndonos en el tiempo, la fiscal Paula Rodriguez Frandsen fue hasta el lugar y la mantuvieron acorralada. No dejaron que se vaya por media hora, y ejercieron violencia física y verbal contra la representante del Ministerio Público.
Dos años después, formularon cargos contra los cabecillas Rodolfo Aguiar y Rosa Ñanco, quienes reconocieron la imputación y le pidieron disculpas públicas a Rodríguez Frandsen.
El por entonces secretario general de ATE y la representante del gremio de Villa Regina se sometieron a una probation y la acción penal quedó extinguida.
Esta reciente causa ahora quedó en manos de la fiscal Mariana Giammona, aunque se anticipa que será larga y engorrosa. Y, posiblemente termine en una probation que deberán pagar los atacantes o los representantes gremiales en caso de no reconocer a los autores directos.