VIEDMA
Preocupación por el cierre del portón al acceso a la información pública
El reciente decreto emitido por el gobierno nacional, que establece nuevas regulaciones sobre el acceso a la información pública, generÓ una fuerte reacción por parte de varias Defensorías del Pueblo, quienes consideran que esta medida avanza sobre los derechos establecidos por la ley de acceso a la información pública.
Martín Pérez Morando, Defensor del Pueblo de la Viedma, se sumó a la presentación conjunta de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), manifestando su preocupación por las implicancias de esta nueva reglamentación.
Pérez Morando, en diálogo con Radio Noticias, señaló que “aunque se presenta como una reglamentación de la ley de acceso a la información pública, en realidad avanza sobre los derechos que dicha ley reconoce”.
El defensor subrayó que la ley, vigente desde 2016, establece un estándar internacional de transparencia al cual Argentina se adscribe, permitiendo a los ciudadanos solicitar información pública. Sin embargo, criticó que el decreto “avanza sobre derechos que no deberían ser restringidos”.
El defensor también expresó que, si bien un decreto puede reglamentar una ley, no debería modificar su espíritu. Según Pérez Morando, “la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública es la entidad encargada de reglamentarla. Parece que este decreto responde a algunos hechos recientes donde se requería información pública que afectaba al gobierno, y en lugar de proporcionar la información, se ha optado por restringir el acceso a la misma. Esto representa un retroceso democrático”.
Además, el defensor mencionó que las Defensorías del Pueblo vienen trabajando conjuntamente, cuestionando diversas medidas del gobierno nacional, en particular aquellas relacionadas con empresas que gestionan servicios esenciales y la quita de subsidios. “Es fundamental que la información sobre estos temas esté disponible para la ciudadanía, y no se debe permitir que se restrinja este derecho”, destacó Pérez Morando.
En cuanto al futuro de este decreto, el defensor advirtió sobre la posibilidad de que se presenten acciones judiciales para cuestionarlo: “Este decreto introduce una medida restrictiva, permitiendo a funcionarios demandar a quienes solicitan información si consideran que el requerimiento es inapropiado. Esto puede generar temor y limitar el ejercicio de un derecho fundamental. El acceso a la información pública ha sido clave para muchas causas judiciales importantes, y no debemos permitir que se limite”.