Denuncian a Petri ante la ONU por bloquear juicios de lesa humanidad
El ministro de Defensa, Luis Petri, ha sido denunciado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien acusa al funcionario de obstaculizar los juicios de lesa humanidad en el país.
Montenegro, quien preside la comisión de Derechos Humanos en la Legislatura de la Ciudad, solicitó la intervención del Relator Especial de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli, argumentando que “la desaparición de los ERyA entorpecería no solo las investigaciones judiciales sino también el acceso a la verdad”.
Además, consideró que "al vaciar de técnicos y técnicas a los equipos, se les obstruye la capacidad de trabajo y entorpece el acceso a los documentos y archivos que integran el acervo documental del Ministerio con las mismas consecuencias", y dejó en claro que desmantelar esa área “impacta directamente en el derecho de las víctimas directas, de sus familias y de la sociedad en general".
“La construcción de la memoria colectiva es esencial para la prevención de la repetición de los delitos de lesa humanidad”, añadió.
En la actualidad, hay más de 70 causas por delitos de lesa humanidad en trámite y centenares de perpetradores por identificar y restos de víctimas por encontrar. Montenegro, junto con la legisladora Alejandrina Barry, denuncian además que el Gobierno busca obstaculizar el avance de los juicios.
La denuncia también ha sido respaldada por el fiscal federal Miguel Palazzani, quien ha solicitado al ministro Petri que evite tomar medidas que puedan comprometer el acervo documental de las Fuerzas Armadas. Los despidos en el área encargada de los archivos de las Fuerzas Armadas han generado preocupación, ya que se teme una pérdida irreparable de información crucial para las investigaciones.
En palabras de Montenegro, "no debemos permitir que se borre la historia de nuestro país. La justicia y el reconocimiento de las víctimas y sus familias son aspectos fundamentales para consolidar nuestra democracia". La situación ha generado un fuerte impacto en la sociedad, que reclama acciones concretas para garantizar el acceso a la verdad y la justicia en casos de lesa humanidad.
La denuncia presentada ante la ONU busca visibilizar esta situación y obtener el apoyo internacional para instar al Gobierno a revertir el desmantelamiento del área de investigación de crímenes de la dictadura.