La Corte Suprema asegura aumento salarial para el Poder Judicial

El Poder Judicial recibió un impulso significativo con el anuncio oficial de un aumento salarial del 12,5% por parte de la Corte Suprema. A través de la Acordada 1021/2023, firmada por todos los miembros del tribunal, se establece que el incremento será retroactivo a diciembre del año pasado.

El aumento abarcará a todos los integrantes del servicio de administración de justicia, incluyendo jueces, funcionarios, empleados y también el personal de los Ministerios Públicos. Esta medida era ampliamente esperada dentro del mundo judicial, especialmente en un contexto inflacionario que requería una pronta recomposición salarial.

El impacto del aumento se sentirá en todas las categorías del escalafón del Poder Judicial, y su vigencia se establece a partir del 1 de diciembre de 2023, siendo considerado un incremento correspondiente al año pasado. Esto implica que aún no se han abierto las paritarias para este año.

Los miembros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, han expresado su solicitud al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para que realice las modificaciones presupuestarias necesarias y se cumpla con los aumentos salariales acordados, algo que se realiza habitualmente cuando el incremento ha sido negociado con el Poder Ejecutivo.

En febrero, el Gobierno mantendrá la expectativa en otro frente, ya que la Corte Suprema deberá decidir el futuro del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en base a los planteos que buscan considerar la competencia originaria del máximo tribunal. Además, se encuentran pendientes las decisiones provenientes de fueros como el del Trabajo o el Contencioso Administrativo Federal, los cuales han extendido la vigencia del decreto. Especialmente, la justicia laboral mantiene en vilo el futuro del capítulo laboral a solicitud de la CGT.

El texto de la Acordada especifica que el aumento otorgado a los judiciales es "remunerativo y bonificable", y esto representa un alivio para la urgencia inicial que preocupaba a los profesionales del derecho respecto a sus situaciones salariales. No obstante, el proyecto de autonomía financiera que está siendo elaborado por el Poder Ejecutivo es crucial para el Poder Judicial, ya que permitiría al Consejo de la Magistratura hacerse cargo de la administración de masa salarial y presupuestaria.

Esto evitaría las complicaciones de tener que depender constantemente de la jefatura de Gabinete o del Ministerio de Economía para obtener los fondos necesarios.

A pesar de estos avances, no se puede pasar por alto el contexto actual de un presupuesto ajustado, donde el incremento previsto no fue aprobado en el proyecto que se hundió antes de las elecciones. Por lo tanto, los montos asignados para el año 2023 solo alcanzarían para cubrir gastos, en su mayoría salarios, hasta mayo próximo, siempre y cuando exista una situación favorable en términos económicos.

Las provincias también estarán atentas y solicitarán aumentos similares para sus poderes judiciales, siguiendo el ejemplo de la Corte Suprema.