Aumento de la electricidad: Santagati pide mirar el bolsillo de los patagónicos

La defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, expuso hoy en la Audiencia Pública para la adecuación tarifaria del servicio de transporte de energía eléctrica en el marco de una propuesta del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a fin de que permita a las empresas cubrir inversiones y así garantizar ese servicio público frente a la inflación.

Consideró que no corresponde analizar aisladamente el incremento tarifario a cada segmento comprendido de la emergencia energética declarada, porque “el impacto para la economía de los usuarios es único” por ello “esto debe tomar nota el ente regulador”, y ante esa situación, requirió que “se efectúe un estudio de Impacto tarifario acumulado en las tarifas de los servicios que vienen a satisfacer las necesidades básicas esenciales, para luego determinar incrementos que cumplan con las pautas consagradas en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)”.

Por otra parte, señaló que “la población no tiene conocimiento del grado de criticidad o emergencia que se enuncia respecto de cada área de concesión en particular” por lo tanto planteó como necesario “brindar más y mejor información, en tanto la mera declaración de una emergencia energética sin brindar información precisa y oportuna respecto de los activos en emergencia y su relación con los costos y gestión del concesionario, genera desconcierto y deja a los usuarios en situación de vulnerabilidad”.

Otro punto analizado por Santagati es que  si bien las empresas presentan sus pretensiones, no exteriorizan en qué porcentaje se traduciría el incremento al usuario final (en virtud de que) los usuarios no cuentan con la capacidad técnica para comprender cómo los aumentos requeridos impactarán en sus economías domésticas, lo que genera un estado de incertidumbre y angustia”.

Advirtió que en Río Negro “se parte de la utilización de los recursos energéticos como forma de promoción económica y social. De modo que la política tarifaria impacta en el desarrollo de la industria local y las comunidades” poniendo en alerta que “naturalmente, tarifas inasequibles y saltos tarifarios abruptos generan un impacto negativo en dicho proceso”.

Puso como ejemplo que la provincia junto con Neuquén “aporta al Sistema Argentino de Interconexión energía eléctrica proveniente de la generación hidráulica instalada respecto de sus recursos naturales” y la región patagónica “se caracteriza – entre otros aspectos - por sus largas distancias y baja densidad demográfica, pero con gran potencialidad de recursos para aportar al desarrollo del petróleo, el gas, el hidrógeno, la energía eólica, la minería, la pesca, el turismo, la actividad frutihortícola y ganadería, entre otras”.

De allí que reclamó que se otorgue la debida consideración a este aspecto para favorecer el desarrollo de las economías locales, revistiendo vital importancia no trasladar costos inexistentes a la tarifa de transporte eléctrico, y en ese sentido, sostuvo que  “resulta fundamental poner de resalto que cuando las medidas de reducción del gasto público se construyen desde una planilla Excel elaborada en algún escritorio de la ciudad de Buenos Aires, la diversidad federal que ha fundado a nuestra Nación queda en entredicho y eso nos lleva a malos resultados”.

En los párrafos finales, la defensora cuestionó que “con base en esas hojas de cálculo, vemos hoy que se pretende eliminar la Zona Fría Patagónica, que se niega la Tarifa Comahue y que se podan a diestra y siniestra mecanismos de fomento y compensación creados para posibilitar el desarrollo de las comunidades pertenecientes a las regiones de geografía y clima más hostil, como la nuestra. Esas mismas comunidades, con su trabajo diario, aportan al país la mayoría de sus fuentes de energía, pero que son sistemáticamente destratadas, sobre todo en los cíclicos intentos de ajuste del gasto público”.

“Por ello, creo clave resaltar que las medidas de austeridad no pueden obtenerse a expensas de las comunidades más vulnerables, que ven dificultado el acceso a bienes básicos ya sea por razones ligadas con la pobreza estructural o por las dificultades derivadas a aspectos geográficos o climáticos”, concluyó.