Ley Ómnibus: rechazo de la Asociación de Magistrados al traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad

La polémica y controvertida Ley Omnibus impulsada por el presidente Javier Milei continúa generando rechazo en distintos ámbitos. En este caso, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional manifestó su total rechazo a un punto clave del proyecto: el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires en un plazo máximo de tres años.

A través de un comunicado, la Amfjn expresó su preocupación por esta iniciativa y ratificó su postura histórica en contra del traspaso. Según su visión, el proyecto viola claramente la Constitución Nacional y atenta contra el Estado de Derecho. Además, señalaron que están dispuestos a tomar acciones para evitar que el traslado se lleve a cabo.

"La Amfjn siempre ha mantenido un firme respeto a las instituciones en un Estado de Derecho. En base a ese respeto, es que no podemos permitir ni apoyar el traslado de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto significaría una violación grave de nuestra Constitución y nos oponemos firmemente a esta propuesta", expresaron desde la asociación.

Asimismo, hicieron hincapié en que el traspaso perjudicaría tanto a los justiciables como a la sociedad en su conjunto, ya que afectaría principios fundamentales de la independencia judicial y tendría serias implicancias para el funcionamiento del sistema de justicia.

Ante esta situación, la Asociación de Magistrados se mantiene alerta y continúa trabajando para evitar cualquier intento de avasallamiento de la Justicia Nacional. Su posición, respaldada por todos los espacios que la conforman, ha sido siempre firme y seguirá siéndolo en defensa de la constitucionalidad y la independencia judicial.

El proyecto de Ley Omnibus, que también contempla otras medidas controvertidas, continúa generando polémica y rechazo en distintos sectores de la sociedad. La Asociación de Magistrados se suma a las voces que se oponen a esta iniciativa y no ahorrará esfuerzos para proteger la integridad y el correcto funcionamiento de la Justicia nacional.

De esta manera, el debate en torno a la Ley continúa, y será el Congreso el encargado de analizar y tomar una decisión respecto a esta propuesta que busca grandes cambios en el sistema judicial del país.