El Gobierno les cobrará 60 millones a 14 organizaciones sociales por el operativo antipiquete
El Gobierno nacional no dará tregua a las organizaciones sociales que participaron en el último operativo antipiquete. En una conferencia de prensa, el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, confirmó que se cobrará un total de $60 millones a 14 organizaciones por los gastos del operativo de seguridad implementado durante la marcha del pasado jueves.
Además, el gobierno presentó una denuncia judicial por "extorsión" y "defraudación al Estado" relacionada al manejo de planes sociales.
La sanción económica, que recaerá sobre las organizaciones sociales identificadas, busca que sean ellas quienes asuman el costo del operativo, evitando que el mismo sea sufragado por los ciudadanos. Los $60 millones corresponden a una estimación de los gastos derivados del protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En paralelo, el Gobierno realizó una denuncia judicial por los delitos de extorsión y defraudación al Estado, alegando que estas 14 organizaciones habrían manipulado el manejo de los planes sociales. Las denuncias fueron realizadas en base a las más de 16 mil llamadas recibidas en la línea 134, de las cuales 1.200 estarían directamente relacionadas con este tipo de delito.
Manuel Adorni, vocero de la presidencia, hizo hincapié en que la denuncia ya ha sido presentada en los tribunales federales y quedó en manos del juzgado del Doctor Sebastían Cassanello y la fiscalía del Doctor Policita. Asimismo, Adorni dio a conocer la lista de organizaciones multadas, entre las que se encuentran el Polo Obrero, Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita, Libres del Sur, entre otros.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó los dichos de Adorni y publicó el informe del operativo desarrollado el pasado 20 de diciembre, en el cual se detallan los movimientos sancionados económicamente por los gastos del operativo policial.
Con estas medidas, el Gobierno busca "enviar un claro mensaje a las organizaciones sociales, promoviendo la responsabilidad en el manejo de los recursos estatales y evitando que sean los ciudadanos quienes deban asumir los costos de operativos de seguridad que no les corresponden".
A partir de ahora, será responsabilidad de las 14 organizaciones sancionadas hacer frente a esta factura millonaria, sin embargo, el futuro de estas denuncias y la posibilidad de que sean efectivamente cobradas aún está por determinarse en los tribunales.