La CGT marchará contra la reforma laboral y anunció un paro general
La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará el próximo miércoles una movilización a Tribunales en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Unos 50 dirigentes sindicales deliberaron en la sede gremial de la UOCRA, donde manifestaron su malestar por las medidas que consideran "inconstitucionales" y "violatorias de los derechos de los trabajadores". Además, presentarán un pedido de inconstitucionalidad ante la Justicia. Al día siguiente de la marcha, la CGT anunciará la fecha de un paro general en repudio a la reforma laboral.
Durante el encuentro en la UOCRA, los abogados de la CGT analizaron las medidas judiciales que presentarán para frenar las disposiciones anunciadas por el gobierno. La marcha del miércoles será hacia Tribunales, donde los sindicalistas presentarán ante la Justicia el pedido de inconstitucionalidad de la reforma laboral.
Asimismo, la CGT convocará a su máximo órgano ejecutivo, el Comité Central Confederal, para definir la realización de un paro general en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Milei. Cabe destacar que la última huelga general de la CGT tuvo lugar en mayo de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.
Además de las medidas judiciales y la movilización, la CGT se encuentra en contacto con legisladores de la oposición para bloquear la reforma laboral en el Congreso y lograr que se debata "ley por ley" para evitar que las modificaciones sean implementadas por decreto. En este sentido, representantes de la CGT mantuvieron una reunión con el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria para consensuar esta estrategia.
El gobierno, a pesar de las conversaciones previas con el ministro del Interior, Guillermo Francos, mantuvo en el DNU medidas que generaron un gran malestar en el sindicalismo. Entre ellas se encuentra la limitación del derecho de huelga en servicios considerados esenciales, como la educación y el transporte, y la autorización explícita de descuentos sindicales solo con el consentimiento del empleado. Estas disposiciones serán llevadas a la Justicia, advierten los sindicalistas.
Otro punto de conflicto en la reforma laboral es la amenaza al sistema de obras sociales debido a la desregulación que permitirá la competencia con las empresas de medicina privada. Esto afectaría especialmente a las obras sociales más pequeñas que funcionan como intermediarias en el manejo de los aportes de los trabajadores hacia las empresas de medicina privada. A pesar de esto, las obras sociales tendrán la oportunidad de competir con prepagas si ofrecen tarifas competitivas y buenas prestaciones.
El sindicalismo considera que algunos aspectos de la reforma son inconstitucionales y serán llevados a la Justicia para su freno. El conflicto se plantea como un desafío a la capacidad de diálogo y negociación entre el gobierno y los sindicatos.