Se viene la primera marcha contra el gobierno, con el protocolo "antipiquete" de Bullrich
El gobierno de Javier Milei enfrentará su primera prueba en las calles de la Ciudad de Buenos Aires el próximo miércoles, cuando más de 250 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y ambientalistas realicen una masiva marcha desde el Congreso de la Nación a la Plaza de Mayo.
Esta movilización, que conmemora el aniversario del estallido social de 2001, pretende expresar su rechazo al recientemente presentado protocolo "antipiquetes" de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. A pesar de la advertencia de Bullrich, quien declaró que los manifestantes deben "quedarse en casa", las organizaciones ratificaron su decisión de protestar en las calles.
Tal lo expresado en el sitio informativo de Cipolletti, www.cipo360.com.ar, Bullrich puso como ejemplo al puente carretero de Cipolletti-Neuquén por los cortes permanentes.
El protocolo "antipiquetes", que busca garantizar la libre circulación durante protestas y bloqueos, ha generado fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional. Dirigentes políticos y organizaciones locales e internacionales han rechazado la medida, incluyendo al Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación. Clément Nyaletsossi Voule.
Eduardo Belliboni, referente del PO, ha adelantado que un grupo de abogados se reunirá para presentar una acción judicial en contra del protocolo anunciado. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) también ha expresado su rechazo al protocolo y ha anunciado que solicitará su derogación a través de los tribunales.
De igual manera, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) ha exigido la inmediata derogación del protocolo, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha afirmado que perseguir a las organizaciones por cortar calles no constituye un delito.
La movilización del próximo miércoles representa un desafío significativo para el gobierno de Milei, quien deberá enfrentar las demandas y preocupaciones de numerosos grupos sociales e intentar mantener la calma en las calles ante posibles tensiones. Será una prueba determinante de cómo el gobierno maneja el conflicto social y qué respuesta ofrece a las demandas de los manifestantes.