Amplio rechazo de organizaciones sociales y gremios al protocolo antipiquete

Organizaciones sociales se expresaron en contra del protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

En tal sentido, en las últimas horas se dio a conocer un documento en donde se sostiene que “como integrantes de organizaciones de Derechos Humanos, sociales, sindicales y políticas expresamos nuestro absoluto repudio a este avasallamiento de los derechos del pueblo. Por Decreto nos quitan el pan, el trabajo, la posibilidad de sostener a nuestras familias. Pretenden que no protestemos y si lo hacemos, como una burla además quieren que paguemos los palos que nos peguen”.

Según señalaron, “la presentación del Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación de seguridad enunciado por la ministra Patricia Bullrich va cerrando el círculo de violencia que se inicia con un ajuste brutal a los sectores populares. Los años pasan y Bullrich afina el lápiz para superarse a sí misma, poniendo al servicio de los poderosos las fuerzas de seguridad nacional y provinciales”.

Por lo expuesto, señalaron que “una vez más, ésta ministra toma definiciones que arrasan con la Constitución, códigos y derechos. Avalada por el Presidente Milei, desconoce los principios básicos para la resolución de conflictos que establecen prioritariamente la búsqueda de soluciones por vías políticas, no violentas, el respeto al derecho a la protesta y la libertad de expresión”.

El protocolo, consideraron que “es una carta blanca para instalar en el imaginario social la naturalización de la persecución, el espionaje y el abuso de la fuerza. Este mismo accionar es el que justificó el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, en el marco de una represión en la que se efectuaron más de 130 disparos, la desaparición forzada y la muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de un disparo en la nuca de Facundo Ferreira, un niño de 12 años a manos de la policía tucumana”.

Asimismo, remarcaron que “está claro que para este gobierno el ajuste no cierra sin represión, y están dispuestos a todo. Para ellos el enemigo es el pueblo, no hay un protocolo de actuación para los fugadores de dinero, ni tampoco para los estafadores, al contrario les regalan cargos en la función pública y les condonan deuda. Para los ricos todo, para los trabajadores nada”.

En este orden, añadieron que “Javier Milei no cumplió ni una semana como presidente y sus ministros ya repitieron los peores errores contra los sectores populares: Cierre de fuentes laborales, presión fiscal contra pequeños productores y Pymes, endeudamiento estatal y ahora le suma libertad de represión”.

Por lo expuesto, señalaron que “decimos no. Los derechos conquistados no se negocian, llevamos en nuestra memoria demasiados años de lucha y resistencia ante lo injusto. No subestimen al pueblo. El 19 y 20 de diciembre volveremos a las calles y las plazas. Aprendimos con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a defender todos los derechos para todos, con coraje, creatividad y convicciones. ¡Ni un paso atrás!”.

Adhesiones

El comunicado está firmado por el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Red X la Identidad Nodo Fiske Menuco, Jóvenes X la Memoria, CoNyA- Consejo Local de Derechos de Niñeces y Adolescencias, CTA Autónoma RN- CTA de las Trabajadoras y Trabajadores de Río Negro. UnTER. SITRAJUR. Sindicato Único de Trabajadores de Prensa de Río Negro (SUPREN). CCC RN. FOL en la Coordinadora por el Cambio Social – Rio Negro. Dignidad Rebelde. Empoderados del Sur. Militantes del campo Popular y Nacional. Peronismo Militante, Río Negro. Corriente Social y Política Marabunta. Partido Comunista de Río Negro.

Odarda

La legisladora Magdalena Odarda también se manifestó en relación al protocolo anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Calificó a las medidas como inconstitucionales dado que “peticionar a las autoridades” es un derecho previsto en el artículo 14, 14 bis, 18, y 33 de la Constitución Nacional, como parte de la tutela judicial efectiva, reconocida por Tratados y Convenciones Internacionales suscriptas por la República Argentina. Además, el protocolo anunciado vulnera en forma flagrante la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 que prohíbe el empleo de las fuerzas de seguridad federales en jurisdicción provincial.

“La criminalización de la protesta social no corresponde a un Estado de Derecho. No queremos más muertos y perseguidos en Democracia”, afirmó la legisladora rionegrina de Vamos con Todos.