La función del Ministerio de Mujeres y las políticas que están en riesgo con su cierre
Con la asunción de Javier Milei como presidente, se vislumbra un futuro sin el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. A pesar de que una de las promesas de campaña de Milei fue eliminar esta cartera, sus políticas y programas son fundamentales para abordar la violencia de género y promover la igualdad en el país.
Desde su creación en 2019, el Ministerio se ha dedicado a aplicar la Ley N° 26.485 de "Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito en el que desarrollen sus relaciones interpersonales". Una de las funciones más importantes del Ministerio es la gestión de la Línea 144, que brinda apoyo y asesoramiento a mujeres y diversidades que sufren violencia de género. Esta línea ha atendido a más de 350 mil personas desde su creación hace 10 años.
Tal lo expresado en el sitio informativo de Cipolletti, www.cipo360.com.ar, hace unos días este ministerio tuvo que ser evacuado por amenaza de bomba.
Además, el Ministerio implementa el Programa Acompañar, que proporciona apoyo económico y psicosocial a víctimas de violencia de género para que puedan adquirir independencia económica y protegerse. Este programa ha brindado asistencia a más de 352 mil mujeres y personas del colectivo LGTBI+ en situación de vulnerabilidad.
Otras políticas públicas del Ministerio incluyen el Programa Producir, que fortalece proyectos productivos liderados por mujeres y LGBTI+ que han sufrido violencia de género; el Programa de Escuelas Populares "Macachas y Remedios", que permite el acceso a la educación popular para estas personas y brinda apoyo económico y acompañamiento técnico en temas de género y diversidad; el Programa Registradas, que formalizó el trabajo de miles de trabajadoras de casas particulares; y la ejecución de la Ley Micaela, que capacita a profesionales de diferentes ámbitos en temas de género y diversidad.
El cierre del Ministerio de Mujeres y Géneros no solo pone en riesgo estas políticas y programas, sino que también va en contra de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de violencia y desigualdad de género. Organismos como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la Convención para la eliminación de la discriminación contra las mujeres exigen que se aborde esta problemática.